En Chile el partido más seguro es el que no se juega

Por Francisco Bengoechea

En el fútbol chileno hay algo más difícil que ganar tres partidos seguidos: conseguir que los tres se jueguen cuando corresponde. El hincha compra su entrada, organiza el viaje, pide permiso en el trabajo y prepara la camiseta. Después aparece un comunicado: el partido no reúne las condiciones de seguridad. Nadie explica demasiado. Habrá que entenderlo. Total, el hincha siempre entiende, aunque rara vez le pregunten.

Y no hablamos de una exageración. El 17 de marzo de 2025, el Sindicato de Futbolistas Profesionales denunciaba que ya se habían suspendido 12 partidos en apenas el inicio de la temporada. La lista incluía Primera División, Copa Chile, Supercopa y Segunda División, por razones tan variadas como estadios no disponibles, problemas administrativos y dificultades de seguridad. El SIFUP fue categórico: «No se ven medidas efectivas de la ANFP». Era marzo y el calendario ya necesitaba atención médica. (Cooperativa, 17 de marzo de 2025).

En 2026 tampoco faltaron capítulos. En febrero, Huachipato y Universidad de Chile estuvieron a punto de no jugar en Talcahuano por la emergencia de los incendios forestales. Finalmente se autorizó el encuentro, pero sin público. En mayo, la Delegación Presidencial de Valparaíso cambió el horario del Everton-Coquimbo Unido apenas 72 horas antes, pese a que la ANFP aseguró que había sido acordado semanas antes. Y en septiembre, el partido entre Universidad de Concepción y Huachipato fue postergado porque el Rally Mundial demandaba el contingente policial de la zona. En este último caso no había incidentes ni una cancha inhabilitada: simplemente había otro espectáculo que requería policías. (Emol, febrero de 2026; ANFP, mayo de 2026; Cooperativa, septiembre de 2026).

Por supuesto, hay suspensiones justificadas. Una catástrofe natural, un riesgo estructural o una amenaza seria contra las personas obligan a actuar. Nadie sensato pretende jugar a cualquier precio. El problema comienza cuando la excepcionalidad se vuelve costumbre y la seguridad termina funcionando como una explicación que sirve para todo, incluso para aquello que debió resolverse semanas antes.

Y aquí aparece la pregunta que casi nadie formula: ¿cómo se determina, concretamente, que un partido es seguro?

Aunque parezca sorprendente, criterios legales sí existen. La Ley 19.327 establece procedimientos para autorizar recintos, aprobar planes de seguridad y clasificar los encuentros en categorías A, B, C o D. Se consideran antecedentes de comportamiento de las hinchadas, rivalidades, aforos e infraestructura. Por ejemplo, un encuentro con 20.000 asistentes autorizados puede quedar clasificado en categoría B por su masividad, aunque otros factores podrían elevar su riesgo. Los recintos también deben acreditar accesos, evacuación, separación de sectores, condiciones estructurales y sistemas de emergencia. (Decreto 1.046, artículos 8, 9, 23 y 32).

Entonces, si existen reglas, ¿dónde está el problema? En algo bastante más elemental: ¿cómo puede el ciudadano conocer y evaluar su aplicación? ¿Cuántos incidentes convierten a una hinchada en peligrosa? ¿Qué antecedentes permiten determinar que existe una rivalidad de riesgo? ¿Qué disponibilidad policial hace viable un encuentro? ¿Cuánto personal de seguridad se necesita para un aforo determinado y por qué una reducción de público resulta suficiente en algunos casos, pero no en otros?

La ley entrega funciones diferentes a cada institución. La ANFP organiza las competencias, el club propone y ejecuta las medidas de seguridad, Carabineros informa técnicamente y la Delegación Presidencial autoriza o rechaza mediante resoluciones fundadas. Las municipalidades intervienen cuando administran recintos y participan en las coordinaciones territoriales. Pero cuando un partido se cae, las responsabilidades parecen circular entre todas ellas como una pelota que nadie quiere recibir.

En mayo de 2025, el entonces delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán, explicó ante la Cámara de Diputados que el procedimiento contempla revisión de antecedentes, informe policial y resolución administrativa. También detalló controles de acceso, distribución de guardias y perímetros de seguridad. Es decir, existe un procedimiento formal. Lo que merece discutirse es cuánta información de esas evaluaciones queda disponible para escrutinio público y cómo se garantiza que los mismos riesgos reciban respuestas equivalentes entre regiones. (Cámara de Diputados, sesión del 6 de mayo de 2025, páginas 46 y 47).

Porque no basta con informar que Carabineros recomendó algo. Una recomendación técnica debe tener fundamentos verificables, aunque sus detalles operativos sensibles deban reservarse. Si el problema son los accesos, que se expliquen las deficiencias. Si faltan guardias, que se identifique el incumplimiento. Si no existe contingente policial suficiente, que se informe qué circunstancia cambió respecto de la planificación original. La seguridad pública exige responsabilidad, no actos de fe.

La ANFP tampoco puede presentarse eternamente como espectadora inocente. En mayo de 2026 reclamó públicamente que los cambios de horario perjudicaban la planificación de los clubes y a las familias. Tenía razón. Pero el artículo 94 del propio reglamento de seguridad le exige mantener una adecuada organización del campeonato. Organizar no consiste solamente en publicar fechas; también implica anticipar riesgos, coordinar recintos y evitar que cada fin de semana se convierta en una negociación de emergencia. (Comunicado oficial ANFP, 20 de mayo de 2026).

El daño tampoco termina cuando se consigue una nueva fecha. Un partido suspendido altera descansos, viajes, preparación deportiva, ingresos por entradas y compromisos comerciales. Desordena la competencia y castiga al espectador. El problema llegó tan lejos que TNT Sports exigió incorporar al acuerdo con la ANFP un límite para reprogramar encuentros: siete días para fijar una alternativa y otros catorce para disputarlo. Una industria que necesita que su televisora le recuerde que los partidos deben jugarse tiene un problema bastante más profundo que el calendario. (Emol, 23 de octubre de 2025).

La solución no pasa por quitar facultades de seguridad a las autoridades, sino por hacerlas más transparentes, consistentes y anticipadas. Una ficha pública por partido, con su clasificación de riesgo, aforo aprobado, requisitos exigidos, observaciones pendientes, fecha de evaluación y fundamentos de cualquier cambio, permitiría saber qué se decidió y por qué. Un registro nacional de suspensiones, con sus causas y responsables institucionales, permitiría distinguir lo inevitable de lo que simplemente estuvo mal planificado.

Porque detrás de cada suspensión hay personas. El niño que iba por primera vez al estadio, el trabajador que pidió cambiar su turno, la familia que gastó dinero para viajar y el pequeño club que depende de la recaudación del domingo. Para ellos, un partido suspendido no es una modificación administrativa: es una ilusión postergada, muchas veces sin explicación suficiente.

El fútbol chileno necesita mejores estadios, mejores controles y autoridades capaces de fundamentar sus decisiones con la misma claridad con que anuncian las suspensiones.

Y quizás sea hora de cambiar una costumbre: en vez de preguntar por qué no se puede jugar, empezar a exigir que se explique qué se hizo para que el partido sí pudiera disputarse.

Porque si el fútbol es un espectáculo, lo mínimo que deberíamos garantizar es que el espectáculo ocurra. Lo demás, por muy formal que suene el comunicado, sigue siendo un papelón.