El Tribunal Constitucional rechazó el recurso de Sartor y reactivó el juicio del BCI por liquidación forzosa. La decisión deja abierta la puerta para que, si Sartor cae en insolvencia, se revise la venta del Fondo Tactical Sports, operación clave en la llegada de Clark al control de Azul Azul.
El Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento presentado por Asesorías e Inversiones Sartor S.A. y levantó la suspensión del proceso C-345-2025, permitiendo que continúe el juicio iniciado por BCI Corredor de Bolsa S.A. para solicitar su liquidación forzosa.
En su resolución, el TC fue explícito al señalar que “se rechaza el requerimiento deducido” y que corresponde “alzar la suspensión del procedimiento decretada en autos”, dejando nuevamente activa la causa en el 13° Juzgado Civil de Santiago. Con ello, el Tribunal validó que BCI pueda seguir usando como título ejecutivo la liquidación de una operación financiera por más de $5.700 millones, descartando que exista vulneración del debido proceso.
La sentencia sostiene que Sartor ha tenido instancias reales de defensa dentro del juicio, pudiendo oponer excepciones y rendir prueba, y aclara que “la sola circunstancia de conferirle mérito ejecutivo a un documento no implica —de suyo— menoscabar el derecho a defensa”. Además, el TC afirmó que esta herramienta forma parte del funcionamiento normal del mercado financiero, indicando que el precepto busca “optimizar la efectividad en el cobro de los créditos de los corredores de bolsa”.
Más allá del conflicto financiero, el fallo tiene una derivada directa en el fútbol chileno.
Con el proceso nuevamente en marcha, si Sartor termina entrando en liquidación concursal, perdería el control de sus bienes y un liquidador pasaría a revisar sus operaciones recientes, con la posibilidad de que los acreedores impugnen ventas que estimen perjudiciales. En ese escenario aparece el Fondo Tactical Sports, vehículo utilizado en la operación mediante la cual Michael Clark consolidó el control de Azul Azul S.A..
En términos prácticos, el fallo deja abierta la puerta para que BCI —o un eventual liquidador— pueda solicitar que se investigue si esa venta de cuotas se realizó cuando Sartor ya enfrentaba una situación financiera crítica y si dicha operación afectó los intereses de los acreedores. De prosperar una acción de ese tipo, un tribunal podría declarar la operación “inoponible” o incluso intentar invalidarla, lo que pondría directamente en entredicho el actual control de Azul Azul.
No se trata de una consecuencia automática ni inmediata, pero sí de un camino judicial que ahora queda habilitado tras el rechazo del Tribunal Constitucional.
Por ahora, Michael Clark mantiene el control del club. Sin embargo, el fallo marca un punto de inflexión: Sartor queda jurídicamente más expuesta y, por primera vez, el conflicto con el BCI instala un riesgo concreto que podría terminar alcanzando a Azul Azul y a la operación que permitió el cambio de mando en la concesionaria.
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