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Una nueva acción judicial fue presentada en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago contra ejecutivos ligados a Sartor, en una causa que vuelve a salpicar al controlador de Azul Azul. La querella se suma al complejo escenario legal que enfrenta Clark, quien ya fue sancionado por la CMF con una multa histórica cercana a los $2.500 millones por infracciones graves al mercado financiero.

El escenario judicial de Michael Clark suma un nuevo capítulo. Este jueves se conoció la presentación de una nueva querella criminal en su contra, ingresada el pasado 16 de diciembre de 2025 ante el 4° Juzgado de Garantía de la Región Metropolitana. Según informó el periodista Tapia en su cuenta de X, la acción apunta a siete ejecutivos vinculados a Sartor y reúne el testimonio de al menos 20 personas que aseguran haber sido víctimas de una presunta estafa.
De acuerdo a la publicación, los querellantes acusan delitos de estafa, negociación incompatible, administración desleal y entrega de información falsa, además de denunciar perjuicios económicos que superarían los $3.300 millones. “OTRA QUERELLA CONTRA CLARK. Fue presentada el 16.12.25 en el 4° Juz Garantía RM. Apunta a 7 ejecutivos SARTOR. 20 personas dicen ser víctimas de estafa, negociación incompatible, administración desleal y entrega de información falsa. Denuncian perjuicios por más de 3300 millones”, escribió Tapia en su red social.
Esta nueva acción judicial se suma al complejo frente legal que enfrenta Clark tras la histórica sanción aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), que lo multó con cerca de $2.500 millones por infracciones consideradas gravísimas, entre ellas la entrega de información falsa al mercado y la realización de operaciones incompatibles con su rol de administrador fiduciario. La resolución del organismo regulador marcó un precedente en el sistema financiero chileno, tanto por el monto como por la dureza de las imputaciones.
La combinación de la sanción administrativa y esta nueva querella penal vuelve a instalar el nombre de Clark en tribunales, esta vez bajo acusaciones que no solo comprometen su rol en el mundo financiero, sino que podrían tener efectos colaterales en el ámbito deportivo, donde es una figura central como controlador de Azul Azul, concesionaria que administra a Universidad de Chile.
Por ahora, se espera que el tribunal determine la admisibilidad de la querella y los pasos procesales siguientes. Mientras tanto, el caso sigue escalando en gravedad, configurando uno de los escenarios judiciales más delicados que haya enfrentado un dirigente con influencia simultánea en el sistema financiero y en el fútbol profesional chileno.
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