La querella criminal presentada contra Michael Clark y la sociedad Antumalal abrió una nueva y delicada arista en la crisis que rodea a Azul Azul: los vínculos comerciales entre Universidad de Chile y Huachipato durante la administración del ex presidente de la concesionaria. El escrito judicial apunta directamente a un eventual delito de administración desleal, acusando operaciones que habrían favorecido patrimonialmente al club acerero en perjuicio de la U.
La presentación sostiene que durante la gestión de Clark “se han pagado al Club de Fútbol Huachipato por compra de pases, o arriendo de pases de jugadores, al menos, la suma de USD 5.000.000”. Los querellantes afirman además que Azul Azul no recuperó posteriormente esos montos mediante ventas o valorización de futbolistas, planteando que el negocio terminó beneficiando principalmente al cuadro acerero.
El documento conecta estas operaciones con los vínculos entre Michael Clark y Victoriano Cerda. La querella menciona relaciones comerciales previas entre ambos, además de nexos con Sartor y Redwood Capital, empresa ligada a Clark. Incluso recuerda que Cerda negó públicamente conocer al entonces presidente de Azul Azul antes de su llegada al club, pese a la serie de operaciones posteriores entre ambas instituciones.
Uno de los casos más sensibles mencionados es el de Ignacio Tapia. La querella asegura que en 2022 Azul Azul pagó USD 850 mil por el 50% del pase del defensor, pese a que un año antes el mismo porcentaje había sido ofrecido al club por USD 450 mil. El escrito recoge declaraciones de Rodrigo Goldberg, quien afirmó que rechazaron originalmente esa cifra por considerar que el futbolista no tenía el nivel suficiente para Universidad de Chile.
La presentación incluso recalca que Tapia no había incrementado su valor deportivo en ese período, considerando que Huachipato había descendido en cancha antes de salvarse por la sanción administrativa contra Melipilla. “En un año, el jugador subió 400 mil dólares siendo que descendió en cancha. Que alguien me explique eso”, declaró Goldberg según el documento judicial.
La querella también pone el foco en la contratación de Gustavo Álvarez. Según el escrito, Huachipato renovó el contrato del técnico cuando ya existían rumores claros sobre su salida a Universidad de Chile e incorporó una cláusula de salida de USD 800 mil que posteriormente terminó pagando Azul Azul. Los accionistas recalcan que sería la primera vez en el fútbol chileno que un club paga una cláusula de salida para contratar a un entrenador nacional.
Para los querellantes, ambas operaciones constituyen actos “manifiestamente contrarios al interés del patrimonio administrado” y forman parte de una eventual administración desleal encabezada por Michael Clark durante su etapa como presidente y director de Azul Azul. El documento calcula un perjuicio inicial de al menos USD 1.650.000 solo considerando los casos de Ignacio Tapia y Gustavo Álvarez, aunque advierte que podrían existir más operaciones bajo análisis.
La acción judicial solicita además citar a declarar a nombres clave de este entramado: Victoriano Cerda, Marcelo Pesce, Manuel Mayo, Rodrigo Goldberg, Cristián Aubert, Ignacio Asenjo y Javier Gasman, entre otros. También pide que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI investigue toda la documentación relacionada con operaciones entre Azul Azul y sociedades vinculadas al grupo Sartor.