Michael Clark suma querella por estafa en Caso Sartor

El nombre de Michael Clark vuelve a quedar bajo presión judicial. El actual presidente de Azul Azul figura entre los querellados en una causa penal que lo vincula a una presunta estafa relacionada con la administradora de fondos Sartor AGF, en un caso que ya acumula sanciones de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y procesos de liquidación de fondos.

La querella, presentada por la abogada María Antonieta Palacios en representación de una inversionista afectada, acusa a Clark junto a otros directivos —como Pedro Pablo Larraín, Mauro Valdés y Juan Carlos Jorquera— por una serie de delitos económicos, entre ellos estafa, negociación incompatible, administración desleal y uso indebido de valores.

Según el documento, la víctima habría sido inducida a invertir cerca de $390 millones en fondos administrados por Sartor, bajo la promesa de seguridad y rentabilidad, sin que se le informara de conflictos de interés ni de los cuestionamientos que ya existían por parte del regulador. El caso toma mayor gravedad al considerar que, mientras se captaban inversiones, la CMF ya había detectado irregularidades relevantes en la gestión de los fondos, incluyendo conflictos de interés y problemas en la valorización de activos.

Con el paso de los meses, la situación escaló rápidamente. Primero se suspendieron los aportes y rescates, luego se revocó la autorización de funcionamiento de Sartor AGF y finalmente se inició la liquidación de varios fondos. Auditorías posteriores revelaron deterioros de hasta un 85% en el valor de los activos, configurando un escenario descrito en la querella como “patrimonialmente desastroso”.

Uno de los puntos más delicados es que los fondos habrían sido utilizados para financiar sociedades relacionadas a los propios directivos, lo que configura —según la acción judicial— un esquema de conflictos de interés y eventual desvío de recursos. Además, la CMF ya había sancionado a varios de los involucrados por entregar información falsa al mercado, al considerar que los estados financieros no reflejaban la real situación económica de los fondos, lo que habría inducido a error a los inversionistas.

En concreto, la querella sostiene que la inversionista afectada no ha podido recuperar cerca de $200 millones, manteniéndose hasta hoy en incertidumbre respecto del destino de sus ahorros. Ahora, el proceso penal buscará determinar si existió responsabilidad directa en la gestión de los fondos y en la eventual defraudación a los aportantes.

Esta situación llega justo una semana antes de que la junta de accionistas de Azul Azul deba determinar el próximo 28 de abril los pasos a seguir, con la supuesta salida de Michael Clark de la presidencia del consecionaria que administra la Universidad de Chile.