Los abogados del ex presidente de Azul Azul presentaron una acción constitucional ante la Corte de Apelaciones de Santiago para dejar sin efecto su prisión preventiva. Acusan falta de fundamentación en la resolución que lo mantiene privado de libertad y buscan reemplazarla por medidas cautelares menos gravosas.
La defensa de Michael Clark inició una nueva ofensiva judicial para conseguir su salida del Anexo Penitenciario Capitán Yáber. El abogado Bernardo Rosenberg presentó una acción constitucional de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago contra la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía que el pasado 18 de agosto decretó la prisión preventiva del ex presidente de Azul Azul.
El recurso apunta directamente contra la decisión de la jueza Paulina Moya y sostiene que la resolución que mantiene a Clark privado de libertad carece de la fundamentación necesaria. El tribunal estableció que su libertad constituiría un peligro para la seguridad de la sociedad y para el éxito de la investigación, mientras que no utilizó como fundamento autónomo un eventual peligro de fuga.
La defensa cuestiona especialmente que la peligrosidad para la sociedad se haya construido, a su juicio, a partir de la gravedad económica de los hechos investigados, la cantidad de delitos imputados y las eventuales penas. Los abogados sostienen que no se identificó un riesgo actual y concreto atribuible personalmente a Clark ni se explicó qué conducta podría desplegar actualmente si recuperara su libertad.
Uno de los antecedentes más delicados está relacionado con conversaciones recuperadas desde el teléfono del coimputado Hugo Baranda. Según recoge el propio recurso, la resolución estableció provisionalmente que Clark habría impartido instrucciones para borrar conversaciones de WhatsApp, tanto grupales como individuales, además de activar la función de mensajes temporales, elementos considerados para sostener un posible intento de eliminar evidencia.
La defensa, sin embargo, busca derribar precisamente ese argumento. Sostiene que la activación de los mensajes temporales ocurrió antes del inicio de la investigación penal y cuestiona que no se haya determinado qué evidencia concreta permanece en riesgo. También acusa que no se individualizaron diligencias pendientes, elementos de prueba que Clark pudiera destruir ni personas específicas sobre las cuales pudiera ejercer algún tipo de influencia.
La ofensiva judicial tendrá además carácter urgente. Los abogados solicitaron que la acción sea agregada extraordinariamente a la tabla y resuelta con preferencia debido a que Clark permanece privado de libertad. Será ahora la Corte de Apelaciones de Santiago la que deberá resolver si mantiene la prisión preventiva del ex presidente de Azul Azul o acoge el amparo con el que su defensa busca sacarlo de Capitán Yáber.
Sin embargo esta ofensiva murió en menos de 24 horas. Las ministras de la Corte de Apelaciones Lidia Virginia Poza Matus y Claudia Elena Parra Villalobos rechazaron de inmediato el recurso argumentando que "los antecedentes expuestos en el recurso no constituyen una denuncia de hechos que deban ser conocidos en esta clase de acciones, máxime sí, de lo expuesto, se advierte que los mismos se encuentran sometidos al imperio del derecho, bajo la tutela juridiccional del 4º Juzgado de Garantía de Santiago, por lo cual, la acción deducida no puede ser acogida a tramitación". Por los mismo "se declara inadminisible".
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