Mapa para entender la crisis de Azul Azul

Los hechos se remontan al año 2021, cuando el Fondo de Inversión Privado Tactical Sports (FIP
Tactical Sports) adquirió, mediante una Oferta Pública de Adquisición (OPA), el 63,07% de las
acciones serie B de Azul Azul, pasando a ser su controlador.

Este fondo era administrado por Sartor Administradora de Fondos de Inversión Privados (Sartor
AFIP) y tenía como principales aportantes a sociedades vinculadas al grupo Sartor y a Antumalal
Ltda., esta última relacionada con Michael Clark.

Tras esta operación, Clark asumió progresivamente un rol central en la administración de Azul Azul,
llegando a ser presidente del directorio en septiembre de 2021.

Situación del grupo Sartor y contexto previo a la toma de control (2024)
Durante el año 2024 se produce un deterioro significativo en la situación del grupo Sartor, el cual
administraba el fondo que controlaba Azul Azul.

En noviembre de 2024, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) detectó graves
irregularidades en los fondos administrados por Sartor, incluyendo conflictos de interés y
operaciones con partes relacionadas, lo que derivó en medidas regulatorias progresivas: suspensión de aportes, suspensión de rescates de fondos y finalmente la revocación de su autorización de funcionamiento en diciembre de 2024.

Paralelamente, una de las sociedades del grupo, Asesorías e Inversiones Sartor S.A., enfrentaba
problemas financieros importantes, incluyendo deudas exigibles y procesos judiciales de liquidación forzosa.

Toma de control por Michael Clark (diciembre de 2024)
En este contexto de crisis, ocurre el hecho central de la querella. El 13 de diciembre de 2024, Inversiones Antumalal Ltda., controlada por Michael Clark, adquirió el 90% de las cuotas del FIP Tactical Sports. Dado que dicho fondo era propietario del 63,07% de Azul Azul, esta operación le permitió a Clark adquirir indirectamente el control de la sociedad.

El punto clave es que esta adquisición no se realizó mediante una OPA dirigida a todos los
accionistas, pese a que la ley chilena exige este mecanismo cuando se toma el control de una
sociedad anónima abierta, incluso de manera indirecta.

Además, la autoridad reguladora (CMF) determinó expresamente que la operación implicó la
adquisición de control y que no se dio cumplimiento a las obligaciones legales de realizar una OPA
ni de informar adecuadamente al mercado.

Elementos que fundan la imputación de fraude en la adquisición
Los querellantes sostienen que esta toma de control fue fraudulenta por varias razones:
Primero, porque se eludió un procedimiento obligatorio —la OPA— que habría permitido a otros
accionistas vender sus acciones en igualdad de condiciones. Al no realizarse, se habría impedido su participación en la operación, generándoles un perjuicio económico directo.

Segundo, por el precio de la operación. Antumalal habría pagado aproximadamente USD 5,7
millones por una participación que, a valor de mercado, ascendía a cerca de USD 15,8 millones, lo
que implica una diferencia sustancial. Esta brecha se interpreta como evidencia de una adquisición
en condiciones anómalas y en perjuicio de los accionistas minoritarios.

Tercero, se cuestiona la falta de transparencia, ya que el mercado se enteró del cambio de control
solo después de realizada la operación, mediante una comunicación pública de la propia compañía.
Sobre esta base, la querella sostiene que los hechos configuran el delito contemplado en el artículo 61 letra a) de la Ley de Mercado de Valores, que sanciona la adquisición fraudulenta de acciones sin cumplir las exigencias de una OPA.

Responsabilidad atribuida a Michael Clark y Antumalal
La responsabilidad se atribuye a Michael Clark en su doble calidad:
Por un lado, como persona natural que ejecutó la operación a través de su sociedad Antumalal Ltda., de la cual es controlador. Por otro, como beneficiario directo de la toma de control.
Asimismo, se extiende la responsabilidad a Antumalal Ltda, en cuanto vehículo societario mediante
el cual se materializó la adquisición, en aplicación de la normativa de responsabilidad penal de
personas jurídicas.

El argumento central es que Clark tenía control efectivo de la operación y conocimiento de las
obligaciones legales, por lo que su omisión no sería accidental sino deliberada.

Hechos posteriores y eventual administración desleal (2022–2026)
La querella no se limita a la toma de control, sino que también cuestiona la gestión posterior de
Clark como presidente y director de Azul Azul. En particular, se denuncian operaciones con el club Huachipato y otros actores vinculados, que habrían generado perjuicios económicos para Azul Azul. Entre ellas destacan:

• La compra en 2022 del 50% del pase de un jugador (Ignacio Tapia) por USD 850.000, pese a
existir una oferta previa por el mismo porcentaje en aproximadamente USD 450.000, sin
una justificación económica clara para dicho incremento.
• El pago en 2025 de aproximadamente USD 800.000 como cláusula de salida de un director
técnico (Gustavo Álvarez), en una operación descrita como inusual en el mercado local.
Estas decisiones, según los querellantes, fueron adoptadas en un contexto de posibles conflictos de interés, dada la relación del imputado con personas y entidades vinculadas al club beneficiado.

Fundamento de la imputación de administración desleal
Los accionistas sostienen que Clark, en su calidad de presidente y director, tenía deberes fiduciarios de cuidado y lealtad respecto del patrimonio de Azul Azul. Sin embargo, habría utilizado sus facultades para obligar a la sociedad a realizar operaciones perjudiciales o contrarias a su interés, lo que configura, según la querella, el delito de administración
desleal.

El perjuicio económico directo estimado por estas operaciones asciende al menos a USD 1,65
millones, sin perjuicio de que podrían existir otras operaciones similares aún no cuantificadas.
Conclusión

En síntesis, la querella plantea una secuencia coherente de hechos:
1. Una estructura de control inicial dominada por un fondo administrado por Sartor (2021).
2. Un deterioro financiero y regulatorio de dicho grupo (2024).
3. Una adquisición del control por parte de Michael Clark en condiciones cuestionadas y sin
cumplir las exigencias legales (diciembre de 2024).
4. Una gestión posterior que habría implicado decisiones perjudiciales para la sociedad (2022–
2026).

Sobre esta base, se le atribuye responsabilidad tanto por la forma en que adquirió el control,
presuntamente fraudulenta, como por la manera en que ejerció ese control, presuntamente
contraria a los intereses de la sociedad, configurando los delitos denunciados.

Línea de tiempo de los hechos
15 mayo 2007
Se constituye Azul Azul S.A., sociedad concesionaria del Club Universidad de Chile.
Año 2021: cambio inicial de control y ascenso de Clark

8 marzo – abril 2021
Se celebra el contrato preparatorio para la compra de acciones que daría inicio a una OPA
por el control de Azul Azul.

26 abril 2021
Se publica el prospecto de la Oferta Pública de Adquisición (OPA).

4 junio 2021
La OPA se declara exitosa; el FIP Tactical Sports adquiere el 63,07% de Azul Azul y asume el
control.

2021 (junio–septiembre)
Se renueva el directorio; Michael Clark pasa a integrar la dirección de la sociedad.

30 septiembre 2021
Michael Clark asume como presidente del directorio de Azul Azul.

Enero 2022
Compra del 50% del pase del jugador Ignacio Tapia a Huachipato por USD 850.000, pese a
oferta previa cercana a USD 450.000.

15 noviembre 2024
CMF detecta irregularidades en Sartor AGF y suspende aportes a sus fondos, señalando
conflictos de interés y operaciones con relacionados.

6 diciembre 2024
CMF suspende rescates de fondos administrados por Sartor.

13 diciembre 2024
Inversiones Antumalal Ltda. (de Michael Clark) adquiere el 90% de las cuotas del FIP
Tactical Sports, obteniendo indirectamente el control de Azul Azul.

20 diciembre 2024
Azul Azul informa públicamente que Antumalal pasa a ser el controlador total del fondo y,
por ende, de la sociedad.

23–26 diciembre 2024
La CMF solicita antecedentes y concluye que Clark adquirió el control sin realizar una OPA
ni informar adecuadamente al mercado, configurando infracción a la ley

Enero 2025
Se materializa el pago de USD 800.000 a Huachipato por la cláusula de salida del técnico
Gustavo Álvarez, considerado un hecho inusual en el mercado.

7 mayo 2026
En causa civil, se rechaza oposición de Sartor S.A. a su liquidación forzosa, evidenciando su
crisis financiera.

23 abril 2026
Michael Clark renuncia a la presidencia y al directorio de Azul Azul, pero mantiene el
control accionario.

4 mayo 2026
El Ministerio Público realiza diligencias de entrada, registro e incautación en oficinas y
domicilios vinculados a Clark y sus sociedades.

Síntesis temporal
La secuencia muestra:
• Un control inicial vía fondo (2021)
• Una gestión con decisiones cuestionadas (2022 en adelante)
• Un colapso del administrador del fondo (2024)
• Una adquisición directa del control por Clark sin OPA (diciembre 2024)
• Y posteriormente investigaciones, cuestionamientos y salida formal de cargos (2026)