Manuel Mayo habló, reconoció el acuerdo de confidencialidad y trató de cerrar la discusión asegurando que se trataba de algo “normal”. Pero sus respuestas no alcanzan. Al contrario: después de escucharlo quedan más preguntas que antes y una conclusión que Universidad de Chile ya no puede seguir postergando. El gerente deportivo debe dar un paso al costado.
El punto es bastante sencillo. Mayo asegura que cuando asumió su cargo Michael Clark le pidió firmar el documento y que entendió que era parte de sus obligaciones en Universidad de Chile. Sin embargo, el acuerdo conocido no estaba simplemente entre el gerente deportivo y Azul Azul: involucraba a Tactical Sport, una sociedad vinculada al propio Clark.
“Lo vi como algo normal para cuidar información. Era un acuerdo muy genérico, estándar, no específico. Mi contrato también tiene esa cláusula. No hay más que eso”, sostuvo Mayo. Pero precisamente ahí aparece una contradicción difícil de ignorar: si su contrato con Azul Azul ya incluía una cláusula de confidencialidad, ¿para qué necesitaba firmar otro acuerdo?
Tampoco basta con señalar que nadie externo le daba instrucciones. “Nadie externo al club me ha asesorado”, afirmó. El problema es que la discusión ya no pasa solamente por determinar quién levantaba el teléfono para ordenar un fichaje. Lo que debe explicar Universidad de Chile es por qué su gerente deportivo terminó suscribiendo un documento con una estructura distinta a la concesionaria para la que trabajaba.
Y Mayo ocupa un cargo demasiado importante como para refugiarse en que entendió que todo era normal. Es el gerente deportivo de Universidad de Chile. Una posición que exige saber con quién se firman documentos, qué obligaciones generan y, especialmente, por qué una sociedad relacionada con el controlador necesitaba establecer compromisos de confidencialidad con un ejecutivo del club.
Su continuidad, además, termina transformándose en otro problema para una institución que necesita exactamente lo contrario: despejar cualquier sombra sobre quién toma las decisiones en Universidad de Chile y bajo qué intereses se adoptan.
Esto no significa atribuirle delitos ni responsabilidades que corresponde determinar a la Justicia. Significa algo mucho más básico: asumir una responsabilidad institucional. Mayo puede entregar todas las explicaciones que estime necesarias ante la Fiscalía y defender legítimamente su actuación, pero Universidad de Chile no puede seguir funcionando como si nada hubiera ocurrido.
El propio gerente deportivo asegura que ama al club y que se ha desvivido por su trabajo. Precisamente por eso debería entender el costo que esta situación tiene para la institución. Universidad de Chile necesita recuperar certezas, transparencia y autonomía.