Luis Marín y el Sifup: la inmovilidad ante la muerte de la Segunda División

El SIFUP decidió responder con fuerza a una columna crítica. Lo hizo con un texto largo, enfático, donde se reivindica como “el único actor” que ha realizado “acciones concretas y sostenidas” frente a los derechos de formación. También se presenta como un actor dialogante, golpeando puertas en la ANFP y en el Ministerio del Deporte, “sin recibir respuestas efectivas”. El problema es que, mientras el sindicato cuida su relato, una división completa del fútbol profesional chileno se está vaciando por dentro.

La Segunda División Profesional termina 2025 sin fecha de inicio para la temporada siguiente, fuera del calendario oficial del fútbol chileno y sin señal de televisión que permita sostener un mínimo de ingresos. No es un detalle administrativo ni un conflicto coyuntural: es la evidencia de una categoría abandonada, paralizada, convertida en un limbo competitivo y laboral. Y frente a ese escenario, la respuesta gremial ha sido mínima, reactiva y, sobre todo, inofensiva.

La llegada de Luis Marín a la presidencia del sindicato fue leída como una oportunidad para romper con una etapa marcada por conflictos y desgaste. Sin embargo, el cambio ha sido más de nombres que de enfoque. El SIFUP sigue ganando discusiones legales, pero evita —o no logra— enfrentar el problema central: la inviabilidad estructural de una división que no tiene cómo financiar las exigencias que el propio sistema le impone.

El resultado es una contradicción profunda. En nombre de la defensa de los derechos laborales, se sostiene un modelo que está asfixiando la principal fuente de empleo para cientos de futbolistas profesionales. La Segunda División no tiene ingresos televisivos, no tiene auspicios relevantes y opera con presupuestos marginales. Aun así, se le exige cumplir con estándares contractuales y salariales que la empujan directamente al colapso.

En ese contexto, los derechos de formación se han transformado en uno de los mecanismos más crueles del sistema. Pensados originalmente como compensación a los clubes formadores, hoy funcionan como un candado laboral. Jugadores jóvenes que quedan libres no pueden fichar porque su pase implica pagos que los clubes de Segunda División simplemente no pueden asumir. El futbolista queda atrapado: sin club, sin sueldo y sin posibilidad de ejercer su profesión. Profesional solo en el papel.

El SIFUP reconoce que el sistema es abusivo. Lo denuncia en comunicados, lo instala en la agenda mediática y lo utiliza como bandera discursiva. Pero no ha liderado una ofensiva real para modificar esa normativa de raíz. No hay presión efectiva, no hay ultimátums, no hay una estrategia que vaya más allá del reproche público. Mientras tanto, el daño se acumula en silencio.

La consecuencia es tangible. Cientos de jugadores cierran el año entrenando sin contrato, sin certezas y sin saber si habrá torneo en 2026. La incertidumbre laboral ya no es una amenaza futura: es la realidad cotidiana de una categoría completa. Y en ese escenario, el sindicato parece más cómodo defendiendo su rol histórico que incomodando a las estructuras de poder que sostienen el problema.

El SIFUP afirma que espera que la ANFP y el Gobierno “entren de lleno en esta discusión”. Pero la Segunda División no tiene margen para esperar. Cada mes sin decisiones es un mes más de precarización, de carreras truncadas y de clubes al borde de la desaparición. La discusión dejó de ser técnica o jurídica. Es una discusión sobre trabajo, dignidad y supervivencia.

La gestión de Luis Marín queda así en el centro de la crítica. No por lo que dice el sindicato, sino por lo que no hace. Porque en un sistema que se desangra, la falta de movilidad no es neutralidad: es complicidad pasiva. Y si no hay un giro profundo y urgente, el fútbol chileno no solo perderá una categoría profesional. Perderá a una generación completa de futbolistas empujados fuera de su oficio por un gremio que llegó tarde, habló mucho y actuó poco.