Le siguen cayendo querellas a Michael Clark: ahora por millonario proyecto inmobiliario en Miami

La trama judicial del caso Sartor sigue creciendo. Y nuevamente uno de los nombres que aparece en el centro de la investigación es el de Michael Clark. La Hora de King Kong tuvo acceso a la ampliación de querella criminal presentada por Toesca S.A. Administradora General de Fondos ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, acción judicial que amplía el foco de la investigación hacia un multimillonario proyecto inmobiliario desarrollado en Miami y que, según el documento, fue financiado mediante recursos provenientes de fondos administrados por Sartor Administradora General de Fondos.

La nueva presentación judicial sostiene que entre USD 40 y USD 50 millones terminaron directa o indirectamente comprometidos en el proyecto “One River Point”, rebautizado posteriormente como “Faena Residences Miami”. Incluso, la querella asegura que la exposición potencial total podía acercarse a los USD 80 millones considerando futuras obligaciones asociadas al desarrollo inmobiliario. Parte importante de esos recursos habrían salido desde el Fondo Táctico Internacional administrado por Sartor AGF, fondo que terminó concentrando cerca del 65% de sus activos en esta operación.

El documento describe una estructura financiera compuesta por Fondo Táctico Internacional → CEPSA → Downtown Investments LLC → ORP Partners LLC, mecanismo que —según Toesca— permitió mover recursos hacia Estados Unidos dejando al fondo chileno únicamente como acreedor de sociedades relacionadas, sin control efectivo sobre el activo inmobiliario financiado. La querella afirma que el fondo terminó completamente separado de la propiedad real del proyecto, sin acceso directo a las futuras plusvalías o retornos económicos del desarrollo en Miami.

La acción judicial apunta directamente a Pedro Pablo Larraín Mery como el principal articulador de la operación. Según el escrito, Larraín controlaba simultáneamente Sartor AGF, CEPSA y Downtown Investments LLC, configurando un “conflicto de interés estructural, permanente y no mitigado”. Toesca sostiene además que el perjuicio patrimonial no depende exclusivamente del éxito o fracaso comercial del proyecto inmobiliario, sino del hecho de que los fondos administrados terminaron financiando estructuras relacionadas sin resguardos equivalentes.

Pero el documento también involucra a otros exdirectores y ejecutivos de Sartor AGF, incluyendo a Michael Clark, quien aparece mencionado dentro de aprobaciones internas relacionadas con prórrogas y operaciones asociadas al proyecto inmobiliario. Uno de los episodios descritos ocurrió en marzo de 2024, cuando —según la querella— se aprobó una prórroga de obligaciones vinculadas a la estructura financiera por más de USD 28 millones. En esa instancia aparecen mencionados Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz, Miguel León, Michael Clark y Óscar Ebel.

La deuda total asociada a la operación asciende actualmente a USD 33,5 millones y permanece en mora desde marzo de 2025. La acción judicial acusa delitos de negociación incompatible y administración desleal bajo la Ley de Delitos Económicos, apuntando a que recursos pertenecientes a terceros habrían sido utilizados para beneficiar sociedades relacionadas al grupo controlador de Sartor. Toesca sostiene que la estructura financiera utilizada permitió trasladar el riesgo económico hacia los fondos
administrados, mientras las sociedades relacionadas mantenían el control sobre el proyecto inmobiliario.

La nueva ofensiva judicial se suma además a las sanciones administrativas aplicadas previamente por la Comisión para el Mercado Financiero. En noviembre de 2025, la CMF multó e inhabilitó a varios involucrados en el caso, incluyendo a Michael Clark, quien recibió una multa de 65 mil UF y cinco años de inhabilidad temporal para ejercer cargos en entidades fiscalizadas. La resolución del organismo concluyó además que existieron operaciones con entidades relacionadas que infringieron la Ley Única de Fondos y provocaron millonarios perjuicios patrimoniales.