Las escandalosas actas censuradas de los Juegos Panamericanos Santiago 2025

La historia tiene su origen en la constitución de la Corporación Santiago 2023 por por el Comité Olímpico de Chile (COCh) y el Instituto Nacional de Deportes (IND) y que operó con transferencias de recursos públicos. Su personal fue vinculado mayoritariamente mediante contratos de prestación de servicios a honorarios, pese a cumplir jornada, horario y subordinación propios de una relación laboral. Como los trabajadores a honorarios no podían exigir días libres, la Corporación implementó un sistema de cupones para el cobro de tiempo libre, práctica documentada antes de la realización de los Juegos.

A la larga esto se transformó en un gran problema como lo constató la Comisión Especial Investigadora (CEI 29) de la Cámara de Diputadas y Diputados encargada de fiscalizar las obras y el financiamiento de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 se constituyó oficialmente el 4 de octubre de 2023. Esta comisión detectó graves irregularidades en la modalidad de contratación y concluyó que el mecanismo se empleó para abaratar costos, al no resultar exigibles cotizaciones previsionales ni seguros contra accidentes del trabajo. El mismo informe advirtió que esa política aumentaba de manera relevante el riesgo de demandas y comprometía el patrimonio de la Corporación, pese a que su presupuesto no contemplaba destinar recursos a ese fin. La comisión estimó en torno a 1.500 los trabajadores a honorarios, es decir, 1.500 demandas laborales potenciales.

Esto finalmente ocurrió y las demandas comenzaron de manera sostenida y creciente desde 2023. En Abril de 2025 238 causas identificadas en el Primer y Segundo Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, con 87 avenimientos y pagos por aproximadamente $298 millones. El avenimiento permite poner término al juicio sin reconocer los hechos imputados. En Julio de 2025: más de 205 juicios
respondidos, con cerca de $351 millones en condenas por declaración de relación laboral y despido sin causa legal, más de $490 millones en acuerdos y unos $219 millones embargados por medidas cautelares. En total, del orden de $1.060 millones.

Los montos individuales son significativos y siguen devengándose: al no haberse pagado las cotizaciones previsionales, el despido queda sin efecto para fines remuneracionales, de modo que la deuda continúa creciendo mes a mes hasta su pago efectivo.

Las actas censuradas

Por haber recibido transferencias públicas, las actas de asamblea y directorio de la Corporación son documentos sujetos a la Ley de Transparencia. Sin embargo, las actas disponibles en Portal Transparencia fueron publicadas con la mayor parte de su contenido tarjado, incluida la eliminación del repertorio y del código QR que permitirían rastrear el documento en su fuente notarial. De 78 páginas de actas del directorio de la Corporación a las que tuvo acceso La Hora de King Kong, 60 tienen contenido tachado y en algunos casos la página completa está censurada.

Pero logró colarse una versión íntegra del acta de la asamblea del 24 de septiembre de 2024 —obtenida a partir del número de certificado que no alcanzó a ser suprimido— revela qué se estaba ocultando:

- La discusión sobre la prórroga de la vida de la Corporación se fundó, según el propio director del IND, en rendiciones pendientes y en procesos judiciales y litigios laborales en curso.

-El entonces director ejecutivo afirmó que existían juicios laborales, que ello era previsible y que se había proyectado una determinada suma para enfrentarlos, del orden de cuatro mil y tantos millones destinados a recursos humanos, salarios o indemnizaciones.

-El presidente del COCh planteó reparos por falta de claridad en la conducción de la entidad y por la definición de quién asumiría la dirección ejecutiva, cargo que dejó de existir en enero de 2025.

En sede judicial se ha observado el mismo patrón. Requerida la entrega de las actas de sesiones de directorio, la Corporación las ha exhibido tarjadas. “Las han exhibido tachadas, un documento del cual jamás sabremos su verdadero contenido.” dice el abogado Matías Berríos Fuchslocher.

Ahora existe el riesgo estructural: extinción de la persona jurídico. Los estatutos de la Corporación regulan el reparto de sus propiedades, pero no de su patrimonio, esto es, no de sus deudas. Ante la ausencia de una regla clara sobre el continuador legal, los bienes pasarían al Fisco sin que las obligaciones laborales tengan destinatario cierto. Paga Moya. Ese vacío motivó una acción civil, admitida a trámite ante el 12° Juzgado Civil de Santiago, destinada a extender la duración de la entidad hasta el pago de las cotizaciones adeudadas. En sede parlamentaria se ofició al IND para que precisara quién sería el continuador legal y si las demandas se habían dirigido contra un responsable solidario o subsidiario.

Lo grave es que la Corporación ha dejado de comparecer en las audiencias, y consta en actas su inasistencia pese a los llamados del tribunal. La abogada que la representaba renunció al poder en las causas. El Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago ha requerido personalmente al representante de la entidad para que pague, en el plazo de cinco días del artículo 466 del Código del Trabajo, sumas ya determinadas en sentencias firmes. Harold Mayne-Nicholls quien ejerció la dirección ejecutiva fue citado a más de 150 juicios sin comparecer en ninguno. Esa inasistencia ha sido calificada como una posición deliberada y no como un hecho aislado: “Están rebeldes. Los jueces han insistido en que pague y no hay respuesta de ningún tipo.” señala Matías Berríos Fuchlocher. Según el cálculo de esa representación, que agrupa el conjunto de causas patrocinadas por el estudio contra la Corporación, las sumas reclamadas superan los $2.300millones.

El 17 de agosto la jueza Rayén Durán Rayen Durán, del Juzgado de Cobranza Laboral y Previsional de Santiago le dio un plazo de cinco días a Harold Mayne-Nicholls a pagar $54.352.146, más reajustes, intereses y costas a una de las demandantes. Y es la primera de muchas sentencias.