Diputados llevan Santiago 2023 a la Fiscalía por millonarias rendiciones cuestionadas

Los cuestionamientos por el manejo de recursos en Santiago 2023 llegaron a la Fiscalía. Un grupo transversal de diputados presentó una denuncia para que el Ministerio Público investigue la eventual existencia de delitos y determine posibles responsabilidades penales en la organización de los Juegos Panamericanos realizados hace casi tres años.

La ofensiva es encabezada por el diputado UDI Marco Antonio Sulantay y cuenta con el respaldo de Jorge Guzmán (Evópoli), Patricio Briones (PDG), Héctor Barría (DC), Carlos Chandía (RN), Erich Grohs (Partido Nacional Libertario), Cristián Tapia (independiente, bancada PPD), Cristian Contreras (independiente) y Andrés Celis (RN).

El antecedente que encendió las alarmas es un informe de Contraloría sobre la ejecución y rendición de recursos públicos transferidos por el Instituto Nacional de Deportes al Comité Olímpico de Chile, en el marco del convenio para los recintos deportivos de Ciudad Parque Bicentenario Cerrillos Santiago 2023.

Las cifras son millonarias. De un total de $6.499 millones rendidos, $6.315 millones se encontraban con reparos hasta junio de 2025. Contraloría estableció que varias observaciones realizadas por el IND no habían sido subsanadas por el COCh dentro de los plazos correspondientes.

Precisamente ahí apuntan los parlamentarios. La denuncia busca establecer si se trata solamente de problemas administrativos y documentales o si detrás de esas observaciones pudieron existir desviaciones de recursos o gastos sin respaldo destinados a fines distintos de los establecidos originalmente.

Pero los cuestionamientos no terminan en las rendiciones. Contraloría también detectó incumplimientos respecto del uso y conservación del Centro de Entrenamiento de Béisbol y Softbol, además de una falta de acción del IND para exigir al Comité Olímpico un programa de administración del recinto. Según la denuncia, la situación terminó con obras abandonadas y actos de vandalismo, incluyendo el robo de pasto sintético y parte de la reja perimetral.

El caso además toca una polémica que explotó durante los últimos días: el Centro Olímpico de Vóleibol de Cerrillos. El Serviu revocó el comodato del terreno donde se construye el recinto el mismo día en que se presentó públicamente su 70% de avance. El proyecto pertenece precisamente al convenio de recintos deportivos de Ciudad Parque Cerrillos y no alcanzó a estar terminado para Santiago 2023 debido a retrasos en la aprobación de recursos por parte del IND.

Desde el Comité Olímpico de Chile, en tanto, recalcaron que las cifras cuestionadas corresponden al estado de las rendiciones al 30 de junio de 2025 y aseguraron que mantienen un trabajo permanente con el IND para subsanar las observaciones administrativas. “El compromiso de nuestro Comité con el correcto uso de fondos públicos es total”, señalaron.

La denuncia también incorpora las conclusiones de la comisión especial investigadora de la Cámara de Diputados, que planteó cuestionamientos sobre la licitación de butacas y dudas respecto del destino del equipamiento deportivo y mobiliario utilizado durante los Juegos.

Ahora será la Fiscalía la que deberá determinar si detrás de las irregularidades administrativas existen antecedentes suficientes para avanzar hacia eventuales responsabilidades penales. Los diputados sostienen que los hechos podrían mostrar un problema mayor dentro del IND y solicitaron expresamente al Ministerio Público “determinar la eventual existencia de delitos y las responsabilidades penales que correspondan”.