La Fiscalía solicitó este lunes la prisión preventiva para Michael Clark, argumentando que el presidente de Azul Azul cumple con los requisitos establecidos por la ley para decretar la medida cautelar más gravosa. En su exposición, el Ministerio Público afirmó que su libertad constituye un peligro para la seguridad de la sociedad y que existe un riesgo concreto de que pueda obstaculizar la investigación.
Uno de los principales argumentos fue la sospecha de destrucción de evidencia. La fiscal recordó el intercambio de mensajes entre Clark y Hugo Baranda tras la intervención de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), donde el empresario coordinó la eliminación de conversaciones y del chat grupal. Para el Ministerio Público, ese antecedente demuestra la posibilidad de que el imputado modifique o haga desaparecer elementos de prueba relevantes.
La persecutora también sostuvo que Clark "priorizó sus intereses por sobre el deber de lealtad hacia los aportantes de Sartor", repasando una serie de operaciones que considera fraudulentas. Entre ellas destacó la compra del Bono Nexus con recursos obtenidos mediante un préstamo de Redwood Capital y su posterior reventa apenas días después por un valor cercano al doble, operación que, según la Fiscalía, permitió obtener una utilidad millonaria.
Asimismo, recordó la adquisición del control de Azul Azul a través del Fondo Tactical Sport, financiado con recursos de los aportantes de Sartor. Según el Ministerio Público, Clark figuró como propietario de la concesionaria sin haber pagado efectivamente el precio comprometido por esa participación.
La Fiscalía también enfatizó la gravedad de los delitos imputados, entre ellos administración desleal reiterada, estafa, negociación incompatible, entrega de información falsa al mercado, fraude por omisión de OPA, lavado de activos y contrato simulado. A ello sumó la aplicación de agravantes contempladas en la Ley de Delitos Económicos.
En ese contexto, sostuvo que Michael Clark se expone a una pena que, en su tramo más alto, podría ir desde los 10 años y un día hasta los 15 años de privación de libertad, razón por la cual descartó la procedencia de penas sustitutivas y reiteró la solicitud de prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación.