La Fiscalía Oriente apeló el fallo que acogió el recurso de amparo de José Ramón Correa y defendió las diligencias realizadas en la arista Azul Azul del caso Sartor. En el escrito, el persecutor Juan Pablo Araya detalla antecedentes financieros, societarios y bancarios que apuntan a la compra de acciones por USD 7,5 millones a través de Romántico Viajero SpA, sociedad creada semanas antes con apenas $1 millón de capital.
La investigación sobre la toma de control de Azul Azul sumó un nuevo capítulo judicial. La Fiscalía de Alta Complejidad Oriente presentó un recurso de apelación para revertir el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago que acogió parcialmente el amparo presentado por José Ramón Correa Díaz, director de Azul Azul y representante legal de Romántico Viajero SpA.
En el documento, firmado por el fiscal Juan Pablo Araya, el Ministerio Público sostiene que la diligencia de entrada, registro e incautación realizada el 4 de mayo fue legal y que estuvo dirigida contra Romántico Viajero SpA como persona jurídica imputada, no contra Correa como persona natural. La Fiscalía insiste en que Correa aparece involucrado por ser el único accionista y representante legal de la sociedad investigada.
Uno de los puntos más delicados del escrito es la reconstrucción financiera de la sociedad. Según la Fiscalía, Romántico Viajero SpA fue constituida el 17 de noviembre de 2025 “con un capital social de $1.000.000” y semanas después adquirió “9.600.088 acciones de la serie B de Azul Azul S.A.” por cerca de USD 7,5 millones.
El recurso también incorpora antecedentes de la Comisión para el Mercado Financiero. La Fiscalía recuerda que la CMF consultó formalmente a Michael Clark si existía un “acuerdo de actuación conjunta” con José Ramón Correa. La respuesta de Clark, citada en el documento, fue que “no hay acuerdo de actuación conjunta” y que no existía “ningún otro vínculo relevante” entre ambos, salvo compartir el directorio de Azul Azul.
Sin embargo, la Fiscalía contrapone esa versión con la declaración del exdirector Andrés Segú Undurraga, quien aseguró ante el Ministerio Público que Correa “era un escudero de Clark” y que “respaldaba totalmente a Mike”. El escrito además sostiene que Correa declaró bases imponibles cercanas a $86 millones y $125 millones en los últimos períodos tributarios, antecedentes que la Fiscalía considera relevantes frente a la adquisición de acciones por varios millones de dólares.
En ese contexto aparece SportsCap Credit Fund LLC como actor clave del financiamiento. Según los documentos incautados, la sociedad otorgó un crédito por USD 7.944.575 destinado específicamente a la compra de acciones de Azul Azul. La documentación requisada además muestra que las propias acciones adquiridas quedaron prendadas en favor de SportsCap como garantía del préstamo.
La apelación también confirma que durante el operativo realizado por la PDI fueron incautados un iMac, un iPhone 16 y documentación legal, bancaria y contable relacionada con Romántico Viajero SpA. Entre los antecedentes requisados aparecen contratos de crédito, documentos bancarios y movimientos financieros asociados a la operación investigada.
Pese al fallo favorable obtenido inicialmente por Correa, la Fiscalía insiste en que existían antecedentes suficientes para justificar las medidas intrusivas y pidió revocar la resolución de la Corte de Apelaciones para rechazar completamente el recurso de amparo.
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