En febrero de 2022, la FIFA dio un paso que rompió con décadas de ambigüedad. En un comunicado oficial, su Consejo afirmó que “condena el uso de la fuerza por parte de Rusia” y expresó su solidaridad con las víctimas de la guerra en Ucrania. No fue una declaración retórica: ese posicionamiento público abrió la puerta a una cadena de sanciones deportivas sin precedentes en el fútbol moderno.
Primero llegaron las medidas iniciales: Rusia no podía competir bajo su nombre, bandera ni himno; debía jugar en sedes neutrales y sin público. Pero el escenario escaló rápidamente. Ante la negativa de varias federaciones europeas a enfrentarla y el riesgo de que avanzara por incomparecencia, la FIFA y la UEFA resolvieron la exclusión total de la Federación Rusa de Fútbol. La sanción fue absoluta: selecciones nacionales fuera de toda competencia oficial, clubes vetados de torneos internacionales y marginación completa del ciclo mundialista rumbo a 2026.
El castigo fue defendido bajo tres argumentos centrales: seguridad de las delegaciones, integridad de las competencias y fuerza mayor administrativa. En otras palabras, la FIFA sostuvo que el fútbol ya no podía funcionar con Rusia dentro del sistema sin poner en riesgo su legitimidad. El mensaje fue contundente: cuando un conflicto externo hace inviable el normal desarrollo del juego, el organismo está dispuesto a sacrificar a una federación completa.
Ese estándar, sin embargo, no se aplica cuando el foco se traslada a Estados Unidos y su rol en América Latina, particularmente en Venezuela. Pese a años de sanciones económicas, presión diplomática y acusaciones de injerencia que han tenido efectos humanitarios y políticos profundos, la FIFA no ha emitido ninguna condena formal, ni ha anunciado medidas, ni ha siquiera abierto un debate disciplinario. No hay castigos simbólicos, ni restricciones deportivas, ni advertencias públicas.
La explicación no está en una supuesta diferencia ética, sino en el contexto. En el caso ruso, existió un boicot explícito de rivales, un quiebre del calendario y una amenaza real de colapso competitivo. En el caso estadounidense, nada de eso ocurre. No hay federaciones que se nieguen a jugar contra Estados Unidos, no hay riesgos logísticos, no hay presión interna dentro del sistema FIFA. Sin esa “imposibilidad administrativa”, el organismo opta por no actuar.
La paradoja se profundiza con el rol del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien lejos de adoptar un tono crítico hacia Washington, entregó un Premio de la Paz a Donald Trump. El gesto consolidó la sensación de doble vara: mientras una federación fue castigada y expulsada tras una condena explícita, otra potencia es celebrada y blindada, incluso cuando su política exterior genera controversia internacional.
Por eso, pensar en una sanción similar contra Estados Unidos no es realista. No porque la FIFA no pueda hacerlo, sino porque no quiere ni necesita hacerlo. Estados Unidos es anfitrión del Mundial 2026, actor central en la economía del fútbol y pieza clave en el equilibrio político del organismo. Sancionarlo implicaría un costo que la FIFA no está dispuesta a asumir.
Así, la condena a Rusia y los castigos a su federación quedan como una excepción histórica, no como una regla. La FIFA demostró que puede ser dura cuando el sistema se ve amenazado, pero también que sabe guardar silencio cuando el poder, los intereses y la estabilidad del negocio así lo exigen. El doble estándar no es un error: es parte del modelo.