Michael Clark juega una nueva carta para intentar abandonar Capitán Yáber. El exdirector de Sartor AGF y expresidente de Azul Azul recurrió ahora a la Corte Suprema buscando revertir la prisión preventiva que cumple en el marco del denominado caso Sartor.
Clark permanece privado de libertad desde el 18 de agosto, cuando el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago decretó la cautelar en su contra. El Ministerio Público lo imputa por presuntos delitos de administración desleal, entrega de información falsa al mercado, negociación incompatible, fraude a la Ley de OPA, lavado de activos y contrato simulado.
La nueva ofensiva judicial llega después de un primer revés. El pasado 8 de septiembre, la Corte de Apelaciones de Santiago desestimó los reclamos presentados por su defensa, por lo que sus abogados decidieron escalar hasta el máximo tribunal buscando conseguir su salida del recinto penitenciario.
El principal argumento presentado por el abogado Bernardo Rosenberg apunta directamente contra los fundamentos utilizados para mantener a Clark en prisión preventiva. La defensa sostiene que la resolución se habría apoyado en la gravedad de los delitos imputados y las eventuales penas, pero sin establecer un peligro actual y concreto que haga indispensable mantenerlo encarcelado.
“La defensa sostiene que, aun aceptando provisoriamente la imputación en los términos expuestos por el Ministerio Público, la resolución no explica el riesgo actual que hace indispensable la prisión preventiva. La necesidad de cautela es un presupuesto autónomo”, señala la presentación.
Pero la apuesta de Clark ante la Suprema también pasa por poner sobre la mesa su comportamiento durante la investigación. Su defensa enumera una serie de antecedentes que, a su juicio, no fueron suficientemente considerados: compareció voluntariamente, entregó dispositivos electrónicos, claves y pasaporte, levantó su secreto bancario y prestó declaración durante cuatro jornadas.
A eso agrega que dejó el directorio de Sartor AGF en diciembre de 2024, que actualmente no mantiene funciones en la administradora, que carece de antecedentes penales y que no registra otros procesos pendientes. Con esos elementos, sus abogados buscan instalar que los eventuales riesgos que justificaron originalmente la prisión preventiva se encontrarían suficientemente contenidos.
La defensa también cuestiona uno de los puntos planteados por el Ministerio Público: una eventual eliminación de evidencia. Según el recurso, esos antecedentes habrían sido expuestos de manera genérica, sin identificar diligencias específicas que pudieran verse afectadas, personas sobre las cuales Clark pudiera ejercer influencia o acciones concretas que permitieran sostener ese riesgo.
“El amparado dejó de integrar el directorio de Sartor AGF S.A. en diciembre de 2024; la administradora se encuentra bajo intervención y control regulatorio; los dispositivos y claves fueron entregados; el secreto bancario fue levantado; el pasaporte fue entregado; compareció voluntariamente; prestó declaración durante cuatro jornadas; carece de antecedentes penales; no registra procesos pendientes; y no se le atribuye pertenencia a una organización criminal”, sostiene el escrito.
Así, después de más de un mes en Capitán Yáber y con un primer intento rechazado por la Corte de Apelaciones, Clark lleva ahora su batalla por recuperar la libertad hasta la Corte Suprema. Será el máximo tribunal el que deberá pronunciarse sobre una nueva ofensiva judicial con la que el exmandamás de Azul Azul busca dejar atrás la prisión preventiva mientras continúa la investigación del caso Sartor.