El Consejo de Defensa del Estado (CDE) elevó el tono en el caso Sartor y presentó cuatro demandas civiles de nulidad absoluta contra altos ejecutivos de Sartor Administradora General de Fondos S.A., acusando un esquema de ocultamiento de activos para eludir las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en noviembre de 2025.
De acuerdo a la acción judicial, los involucrados realizaron operaciones de compraventa y donaciones de bienes raíces a familiares directos en momentos en que ya sabían que enfrentaban un proceso sancionatorio. El análisis patrimonial del CDE concluye que estos actos no respondían a una voluntad real, sino a contratos simulados con causa ilícita, cuyo objetivo era reducir el patrimonio disponible para responder por las multas.
El organismo no solo judicializó el caso, sino que además logró medidas precautorias prejudiciales: la justicia decretó la prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes involucrados, las que ya fueron inscritas en los Conservadores de Bienes Raíces. En la práctica, se trata de un congelamiento de activos mientras se resuelve el fondo del litigio.
El movimiento marca un punto de inflexión. El CDE, a través de su nueva unidad de Análisis Patrimonial y Triangulación Societaria, busca impedir el vaciamiento de patrimonio en casos de alta connotación económica y asegurar el recupero de recursos para el Estado. Es decir, ya no basta con sancionar: ahora se persigue directamente el dinero.
En ese contexto, el caso vuelve a salpicar a Michael Clark. El actual presidente de Azul Azul fue director de Sartor y uno de los nombres que aparecieron en el proceso sancionatorio de la CMF, que estableció multas por infracciones a la Ley Única de Fondos y la Ley de Sociedades Anónimas. Si bien Clark se desvinculó formalmente de la administradora tras ese episodio, su vínculo con el grupo Sartor sigue siendo un factor inevitable en la lectura del caso.
El punto es sensible. Sartor no es un actor cualquiera: es el grupo que, a través de estructuras de inversión como el fondo Tactical Sport, tomó el control de Azul Azul en 2021. Por lo mismo, cada avance judicial en su contra repercute directamente en el entorno institucional de Universidad de Chile.
Así, la ofensiva del CDE no solo instala un nuevo frente judicial para los ejecutivos de Sartor, sino que vuelve a poner bajo presión a la estructura de propiedad de la U. Porque aunque las demandas apuntan a hechos patrimoniales específicos, el trasfondo es más profundo: la credibilidad de un modelo de control que hoy vuelve a quedar bajo la lupa.