El año que condenó a Michael Clark

El 2025 fue el año en que la gestión de Michael Clark quedó definitivamente marcada por los tribunales y los reguladores, más que por la cancha. La crisis no se gatilló por un solo episodio, sino por la acumulación de hechos que terminaron por comprometer su legitimidad como presidente de Azul Azul, la concesionaria que administra a la Universidad de Chile. Cuando hacia el cierre del año se conocieron los negocios inmobiliarios en Miami que volvieron a unir al entorno de Sartor con Victoriano Cerda, el escenario ya estaba completamente deteriorado: aquello fue la confirmación final, no el origen del problema.

El golpe más severo llegó desde la Comisión para el Mercado Financiero. En noviembre de 2025, el organismo sancionó a los exdirectores de Sartor Administradora General de Fondos tras una investigación que detectó infracciones graves a la Ley de Mercado de Valores y a la Ley Única de Fondos. En el caso de Clark, la CMF aplicó una multa de 65.000 Unidades de Fomento, equivalentes a más de $2.500 millones, junto con una inhabilitación por cinco años para ejercer cargos de director o ejecutivo principal en entidades fiscalizadas por el regulador. La resolución también alcanzó a otros nombres clave del grupo Sartor, como Pedro Pablo Larraín, Alfredo Harz y Mauro Valdés, configurando una de las sanciones más duras conocidas para ejecutivos vinculados indirectamente al fútbol chileno.

Aunque la sanción aún debe recorrer instancias judiciales antes de quedar firme, su impacto fue inmediato en lo institucional. Por primera vez, un presidente en ejercicio de un club grande quedó formalmente inhabilitado por la autoridad financiera, instalando un manto de duda sobre la viabilidad de su permanencia al mando de Azul Azul y sobre la capacidad del club para relacionarse con bancos, auspiciadores y organismos públicos sin cargar con ese lastre reputacional.

En paralelo a la ofensiva regulatoria, Clark consolidó el control del club mediante Inversiones Antumalal, sociedad de su propiedad, al adquirir el 100% del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport, controlador del 63% de Azul Azul. La operación se cerró por un monto cercano a US$ 5,7 millones, una cifra muy inferior a valorizaciones previas del paquete accionario y que nunca fue explicada en detalle respecto del origen de los recursos. Esa falta de transparencia tensó al máximo la relación con los accionistas minoritarios y con los representantes de la Universidad de Chile en el directorio.

La posterior Oferta Pública de Adquisición terminó de profundizar el conflicto. El precio ofrecido, $388 por acción, estuvo muy por debajo del valor bursátil que superaba los $550, lo que llevó a que accionistas relevantes —como el bloque liderado por Daniel Schapira— rechazaran la operación. En los hechos, la OPA fue leída como un cumplimiento formal de la normativa más que como un intento real de integrar a los minoritarios, reforzando la imagen de un control cerrado y sin contrapesos.

Ese clima se trasladó al funcionamiento interno de Azul Azul. Durante todo el año, el directorio operó en permanente confrontación, con solicitudes explícitas de renuncia al presidente, recriminaciones por el daño reputacional y un respaldo monolítico del bloque oficialista que impidió cualquier cambio. La relación con la Universidad de Chile, propietaria de la marca, también se deterioró hasta un punto crítico, con advertencias públicas sobre el riesgo que la situación de Clark implicaba para el nombre y los valores de la institución.

Fue en ese contexto, ya marcado por sanciones, opacidad y quiebre de gobernanza, cuando aparecieron las revelaciones sobre Miami. Las declaraciones que vincularon a ex controladores de Huachipato, al entorno de Sartor y a proyectos inmobiliarios en Estados Unidos no alteraron el diagnóstico, pero sí lo consolidaron. Para muchos observadores, esos antecedentes confirmaron que las redes financieras que rodearon el ascenso de Clark al control de Azul Azul no eran episódicas ni recientes, sino parte de una estructura previa que había operado lejos del escrutinio público.

Al cierre de 2025, Michael Clark seguía siendo presidente de Azul Azul, pero su liderazgo estaba profundamente condicionado. La multa multimillonaria, la inhabilitación por cinco años, la fragilidad del control accionario y el aislamiento institucional dejaron a la Universidad de Chile en una posición incómoda: competir en la cancha mientras arrastra una crisis que ya no se explica por malos resultados deportivos, sino por la forma en que se construyó y se ejerce el poder. Miami fue solo la guinda de la torta de un año que, para Clark, terminó siendo el que lo condenó.