Documento Completo: El portazo del TC a un Michael Clark desbordado

El Tribunal Constitucional cerró definitivamente la puerta a la ofensiva jurídica de Michael Clark. Este martes, la Primera Sala del organismo declaró inadmisible el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad que el presidente de Azul Azul había presentado contra los artículos 54 y 199 de la Ley de Mercado de Valores, normas clave utilizadas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para sostener que Clark debía realizar una Oferta Pública de Adquisición de Acciones (OPA) tras adquirir indirectamente el control del club universitario.

El fallo se produce luego de un empate 2-2 entre los ministros del TC, situación que, por regla legal, obliga a declarar inadmisible la acción. Con ello, se levanta además la suspensión del procedimiento decretada en diciembre y se despeja el camino para que continúe el juicio principal ante la Corte Suprema, donde Clark mantiene pendiente un recurso de apelación tras haber perdido previamente su reclamo de ilegalidad. En términos simples: el Tribunal Constitucional se negó siquiera a entrar al fondo del asunto. Y eso, para Clark, es un golpe mayor.

El origen del conflicto

La controversia nace en diciembre de 2024, cuando la CMF detectó que Inversiones Antumalal Limitada —sociedad ligada a Clark— adquirió el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport. Dicho fondo posee, a su vez, el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, lo que llevó al regulador a concluir que esta operación constituía una toma de control indirecta del club.

Sobre esa base, la CMF instruyó a Clark a informar formalmente el cambio de control y a realizar una OPA, conforme a la Ley de Mercado de Valores. Clark respondió que la compra de cuotas de un fondo privado no entrega derechos políticos ni control societario, argumento que sustentó luego en su ofensiva constitucional.

El empresario alegó que la autoridad estaba imponiendo un “deber jurídicamente imposible”, ya que la Ley 20.712 prohíbe expresamente someter cuotas de fondos privados a oferta pública, y sostuvo que la interpretación de la CMF vulneraba su derecho de propiedad, la igualdad ante la ley y el principio de legalidad sancionatoria. Sin embargo, el TC no acogió su planteamiento.

Empate y portazo

Dos ministros estimaron que el requerimiento tenía fundamento plausible y merecía ser revisado en profundidad. Pero las otras dos ministras —entre ellas la presidenta subrogante— sostuvieron que no existía un conflicto constitucional propiamente tal, sino una disputa de interpretación legal que corresponde resolver a la Corte Suprema.

Ese criterio se impuso por empate: el requerimiento fue declarado inadmisible y el Tribunal se declaró incompetente para intervenir en esta etapa del proceso.

El fallo es categórico al señalar que la discusión planteada por Clark gira en torno al alcance de las normas de mercado de valores frente a la ley de fondos de inversión, una materia propia del “juez del fondo” y no del Tribunal Constitucional. Al no alcanzarse el quórum necesario, la acción fue descartada sin análisis sustantivo

Qué implica esto para Michael Clark

El impacto es directo y profundo. Primero, Clark pierde su última carta constitucional para frenar el avance del caso. La causa vuelve plenamente a la Corte Suprema, donde deberá resolverse si la CMF actuó correctamente al calificar la operación como toma de control indirecta y exigir una OPA.

Segundo, queda firme —al menos por ahora— el criterio del regulador: que la estructura utilizada por Clark para quedarse con Azul Azul puede ser considerada un mecanismo de control encubierto. Si la Suprema confirma esa tesis, el empresario quedaría formalmente en infracción a la normativa del mercado de valores.

Tercero, se reabre el escenario sancionatorio. La CMF podría avanzar hacia multas, medidas correctivas e incluso exigir la regularización completa de la propiedad, lo que en términos prácticos podría traducirse en una OPA obligatoria o en la invalidación del esquema mediante el cual Clark llegó al poder.

Y cuarto, se instala un riesgo político y societario evidente dentro de Azul Azul: si se determina que el control fue adquirido de manera irregular, la continuidad de Michael Clark como presidente queda severamente comprometida.

Un precedente delicado para Azul Azul

Más allá del caso personal del empresario, el fallo del TC deja a Azul Azul en una zona de alta incertidumbre institucional. El club queda atado al desenlace de un litigio financiero que ya trascendió lo deportivo y que amenaza con reconfigurar completamente su estructura de propiedad.

En el peor escenario para Clark, la justicia podría ordenar deshacer la operación del Fondo Tactical Sport o forzar una apertura accionaria que diluya su influencia. En el mejor, el proceso se prolongará durante meses, manteniendo al club bajo una nube permanente de inestabilidad.

Lo que queda claro es que el “portazo” del Tribunal Constitucional marca un punto de inflexión: Michael Clark ya no cuenta con el blindaje jurídico que buscaba y deberá enfrentar el fondo del conflicto en tribunales ordinarios, con la CMF sosteniendo que tomó el control de Azul Azul sin cumplir las reglas del mercado. El desenlace ahora está en manos de la Corte Suprema. Pero tras este revés, el margen de maniobra del presidente azul es cada vez más estrecho.