Filtraciones, hongos, grietas, problemas eléctricos e incluso riesgos por instalaciones de gas forman parte de la demanda colectiva presentada por 311 propietarios del complejo habitacional de Cerrillos. La acción judicial apunta contra las empresas responsables del proyecto y también abre cuestionamientos sobre la fiscalización estatal tras los Juegos Panamericanos 2023.
Lo que fue presentado como uno de los grandes legados urbanos de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 terminó convirtiéndose, según sus propios habitantes, en una crisis habitacional de gran escala. Este lunes se conoció que 311 propietarios del Lote B de la Villa Panamericana de Cerrillos presentaron una demanda colectiva por cerca de US$18 millones contra las empresas responsables de la construcción y comercialización del proyecto, acusando múltiples irregularidades estructurales.
Tal como informó Biobio, la acción judicial fue ingresada por el estudio Abogabir Miranda Abogados y apunta principalmente a la Constructora DLP y la Inmobiliaria Parque Cerrillos. Los vecinos sostienen que apenas un mes después de recibir los departamentos comenzaron a aparecer filtraciones de agua en ventanas y techos, humedad, hongos y una larga lista de problemas tanto en las unidades habitacionales como en los espacios comunes.
El caso golpea directamente a uno de los proyectos más emblemáticos impulsados tras Santiago 2023. Las ocho torres del complejo albergaron a deportistas durante los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, para luego ser reacondicionadas y entregadas en 2024 a más de 1.300 familias beneficiadas por programas del Ministerio de Vivienda. La promesa era transformar el recinto en un modelo de integración urbana y acceso a la vivienda, pero hoy enfrenta la mayor demanda colectiva de este tipo bajo la Ley General de Urbanismo y Construcciones en Chile.
Según antecedentes incluidos en la demanda, un informe técnico elaborado entre mayo de 2025 y enero de 2026 revisó 288 departamentos y detectó fallas de enorme gravedad. Entre ellas aparecen fisuras y grietas en muros, ascensores inseguros, ventanas descuadradas, pisos desnivelados, baldosas sueltas y terminaciones deficientes. Pero además se identificaron problemas mucho más delicados: instalaciones eléctricas fuera de norma, filtraciones de gas, estructuras oxidadas en plantas de aguas servidas y deficiencias en instalaciones destinadas a personas con discapacidad.
El abogado Nicolás Vassallo aseguró que los propietarios “compraron un problema y no una solución habitacional”, acusando además abandono por parte de las empresas involucradas y un trato discriminatorio hacia los vecinos debido a su condición socioeconómica. La demanda busca compensaciones por daño emergente y daño moral, alcanzando un monto total cercano a los US$17,7 millones.
Aunque la acción judicial está dirigida contra las empresas privadas vinculadas al proyecto, el caso también podría abrir una nueva arista política y administrativa. Los demandantes sostienen que podrían existir responsabilidades del Serviu, el Ministerio de Vivienda y la Dirección de Obras Municipales de Cerrillos por la recepción y entrega del complejo sin una fiscalización adecuada sobre las condiciones mínimas de habitabilidad.
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