Católica deberá pagar millonaria multa por la invasión a la cancha en 2020 contra OHIggins

La Corte Suprema acogió, con costas, el recurso de queja impetrado por el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) y condenó a la sociedad deportiva Cruzados S.A.D.P. a pagar una multa de 200 UTM (13.853.000 pesos) por infringir la ley de protección de los derechos de los consumidores y de prevención de violencia en los estadios.

En fallo dividido, la Segunda Sala del máximo tribunal –integrada por los ministros Manuel Antonio Valderrama, Leopoldo Llanos, las ministras María Teresa Letelier, María Cristina Gajardo y la abogada (i) Pía Tavolari– estableció falta o abuso al no sancionar a la sociedad deportiva que incumplió deber de seguridad que derivó en incidentes y la suspensión del partido que disputaban los clubes Universidad Católica y O’Higgins de Rancagua, el 2 de febrero de 2020, en San Carlos de Apoquindo.

“Cruzados S.A.D.P. – no fue del todo diligente en el cumplimiento de las obligaciones que impone la ley Nº19.327, a fin de evitar conductas impropias de los espectadores, concluyendo que no basta para eximirse de la responsabilidad –que entraña la organización de partido– el haber cumplido con las exigencias formales que haga la autoridad, pues se requiere extremar los esfuerzos con el objeto de cumplir el exigente estándar de diligencia que impone la norma, resultando evidente que las medidas adoptadas no fueron eficaces, dado los graves hechos acaecidos antes y durante el encuentro deportivo sin que las explicaciones dadas por el club sean suficientes para eximirlo de toda responsabilidad, como pretendió en dicha sede”, sostiene el fallo.

En aquella ocasión una treintena de barristas, entre ellos un ex funcionario de comunicaciones del club, invadió la cancha reventando una reja por el sector sur poniente, para interrumpir el partido y amenazando a los jugadores. El juego estuvo suspendido por varios minutos hasta la intervención de carabineros, entre proyectiles, persecusiones y lanzamientos de bengalas. Fue uno de los episodios más complicados del fútbol chileno durante el estallido social. La mayoría de los involucrados están hoy con prohibición de ingreso, uno de ellos, por catorce años.