ANFP cierra filas y lleva el conflicto al límite: “Resolver esto sin todos los clubes sería jurídicamente inadmisible”

La Asociación Nacional de Fútbol Profesional movió sus piezas en tribunales y respondió con dureza a la demanda de Unión Española por su descenso a Primera B. A través de un escrito ingresado al 18° Juzgado Civil de Santiago, la ANFP promovió un incidente de previo y especial pronunciamiento, solicitando formalmente la suspensión del procedimiento antes de entrar al fondo del caso.

En su presentación, el organismo rector del fútbol chileno sostiene que la acción interpuesta por Unión Española —que impugna el artículo 88 de las Bases del Campeonato 2025 y busca dejar sin efecto su descenso— no puede resolverse de manera aislada, ya que compromete derechos deportivos y patrimoniales de múltiples instituciones. Por lo mismo, invoca el artículo 21 del Código de Procedimiento Civil y pide que el tribunal ordene notificar a todos los clubes directamente afectados, suspendiendo el juicio mientras eso no ocurra.

El primer punto clave del escrito es la “identidad sustancial” con Deportes Iquique. La ANFP subraya que ambos clubes descendieron por la misma norma y que incluso presentaron una reclamación conjunta en diciembre de 2025, por lo que considera jurídicamente inadmisible que solo uno litigue el asunto. Para la Asociación, Iquique debe ser emplazado obligatoriamente para definir si adhiere o no a la demanda.

Luego, el organismo va más allá y advierte que, si se acogiera la tesis de Unión Española, necesariamente deberían descender otros equipos que hoy permanecen en Primera División. En concreto, identifica a Deportes La Serena y Deportes Limache como “legítimos contradictores”, ya que una eventual restitución de los hispanos implicaría modificar la conformación de la categoría de honor, cuyo estatuto fija un máximo de 16 clubes.

Pero el argumento más estructural de la ANFP apunta al impacto económico sistémico. En su escrito, sostiene que la pretensión de aplicar el antiguo artículo 90 del Reglamento —o forzar una ampliación de la liga— provocaría una alteración sustancial del modelo financiero, ya que los ingresos por televisión y contratos comerciales se reparten entre los clubes de Primera División y Primera B. Si se incorporan más equipos por vía judicial, esos recursos se diluyen automáticamente, generando un perjuicio “cierto, actual y cuantificable” para todos los asociados.

Por esa razón, la ANFP pidió citar como terceros no solo a Iquique, La Serena y Limache, sino también al resto de los clubes profesionales, incluyendo a instituciones como Colo Colo y Universidad de Chile, entre muchos otros, argumentando que todos tienen un interés directo en el resultado del juicio.

Finalmente, el organismo solicitó formalmente al tribunal decretar la suspensión del procedimiento, mientras se practican las notificaciones y corre el plazo legal para que los terceros manifiesten si adhieren o no a la acción de Unión Española, advirtiendo que avanzar sin ese paso podría viciar todo lo obrado por vulneración del debido proceso.

En la práctica, la respuesta de la ANFP busca congelar el caso, ampliar el conflicto a toda la estructura del fútbol profesional chileno y transformar la ofensiva de Unión Española en una disputa colectiva, con implicancias deportivas, legales y económicas de gran alcance para la temporada 2026.