ANFP arremete contra Rengo con una trampa reglamentaria

Ni dos semanas pudo celebrar Rengo el triunfo que obtuvo en la segunda sala del Tribunal de Penalidades cuando se anuló la resta de puntos y el pago inmediato de los derechos de formación del jugador Massani Gutiérrez por parte de Audax (118.000 dólares). El fallo del 31 de marzo fue histórico porque desmonta una industria millonaria que tenían los clubes con el cobro de derechos de formación desproporcionados y abusivos.

Pues bien, ante el fin del negocio la ANFP no se quedó tranquila y a través de la gerencia de ligas profesionales metió una nueva denuncia en contra de Deportes Rengo por un tecnicismo. Según el texto firmado por Yamil Rajab:

"A la fecha de la presente denuncia, el club Deportes Rengo no ha dado cumplimiento a la obligación señalada (artículo 12° de las bases del campeonato), toda vez que no consta el registro ni la habilitación del mínimo de 18 jugadores profesionales ni de los 3 integrantes del cuerpo técnico exigidos por la normativa vigente.

Es necesario hacer presente que, con fecha 26 de marzo de 2026, el Directorio de la ANFP dio respuesta formal a una consulta evacuada por el propio club Deportes Rengo sobre esta materia".

De prosperar la denuncia en el Tribunal de Penalidades, Rengo podría perder puntos e incluso ser descalificado del campeonato de Segunda Profesional.

Los hechos son simples, pero graves. Se acusa al club de no cumplir una obligación al 1 de marzo de 2026. Sin embargo, las Bases del campeonato fueron notificadas el 2 de marzo. Es decir, la propia ANFP fijó una exigencia antes de que la norma existiera formalmente. El problema se agrava cuando se constata que el organismo interpretó dicha norma recién el 26 de marzo, con el campeonato ya iniciado. En cualquier sistema serio, las reglas se conocen antes de aplicarse. Aquí ocurrió lo contrario: primero se exigió, luego se definió y finalmente se denunció.

Pero el elemento más delicado no es solo la cronología. La ANFP permitió que Deportes Rengo participara del torneo, validando en los hechos su situación. Solo posteriormente se activó la denuncia, en una lógica que especialistas describen como contradictoria y jurídicamente cuestionable.

A ello se suma una duda que inquieta al medio local: la exigencia de contar con un plantel completo al 1 de marzo habría sido de difícil cumplimiento para la mayoría de los clubes. Entonces la pregunta es inevitable: ¿por qué se denuncia a uno y no a todos? Este punto abre un escenario complejo, donde ya no solo se discute una eventual infracción, sino la posible existencia de criterios discrecionales en la aplicación de las normas. No es aventurado pensar que se trata de un castigo tosco y evidente por haber un arruinado el negocio del cobro de los derechos de formación.