Un nuevo marco legal para el fútbol.

La reciente aprobación del proyecto de ley que perfecciona la regulación de las sociedades anónimas deportivas profesionales, en la Sala del Senado, es un hito que escasamente ocurre a nivel de la legislación deportiva y sobre todo en el fútbol.

Por ello, no es casual que los senadores hayan hecho un justo reconocimiento a su colega Matías Walkear por su tenacidad y persistencia en sacar adelante este proyecto, del cual fue su autor original en la Camara y que, casi diez años después, lideró para su aprobación en el Senado, sorteando fuertes intentos por entrampar su avance, con gestiones que el propio senador Iván Flores describió durante la votación en la Sala como “un lobby feroz”.

Sin embargo, luego una votación de este tipo, es importante detenerse y evaluar, al menos, dos aspectos. En primer lugar, es más positivo o negativo para los actuales clubes, sus dirigentes y propietarios esta aprobación. Por otra parte, afecta la nueva legislación intereses opacos que justifiquen la oposición y gestiones realizada en contra de su aprobación.

Respecto a lo primero, creemos que son muchísimos más las certezas y avances que, a la larga, tendrá esta aprobación para los clubes y, sobre todo, para aquellos donde quienes declaran ser sus dueños y accionistas, lo son de manera real o efectiva. A partir de ahora, se hará muchísimo más difícil usar equipos de fútbol como vehículos o instrumentos para desarrollar otro tipo de negocios distintos o paralelos a la gestión de una organización deportiva profesional.

Por otro lado, se despeja el fantasma inicial de que, tomando el modelo alemán se obligue a entregar una parte de la propiedad de los clubes a sus hinchas. Asimismo, existirán facultades más efectivas en el IND y la CMF para fiscalizar que se cumpla la ley, evitando que los controladores de los clubes entreguen información falsa respecto de quienes son sus beneficiarios finales, sancionando como delito cuando haya información dolosamente falsa al respecto.

A lo anterior, debe agregarse la prohibición absoluta de multipropiedad directa o indirecta en los equipos y la materialización de la prohibición de que los agentes o representantes tengan parte de su propiedad, lo cual va en directo beneficio de la libre competencia e igualdad de condiciones de los clubes a la hora de competir deportivamente y de negociar sus contratos con jugadores y sponsors.

En suma, las consecuencias son muchísimo más positivas que negativas y, en este nuevo escenario, los actuales propietarios y controladores, tendrán que estar dispuestos a abrir su contabilidad y justificar sus ingresos para adquirir el control de los clubes, dejando de ser una mera retórica el declarar estar en contra de la multipropiedad y de las estructuras opacas en la propiedad de los clubes.

Por otro lado, en cuanto a la segunda variable planteada, esto es, si afecta la nueva legislación intereses que justifiquen la oposición y gestiones realizada en contra de la reciente aprobación legal, si bien hay distintas realidades e intereses en los agentes que intervienes en el ámbito del fútbol profesional, lo cierto es que, si no se tocarán intereses, no habría ocurrido una campaña en contra de la laye que, lamentablemente, pareciera haber dejado en segundo plano todos los aspectos positivos señalados.

Lo anterior, no significa que la nueva ley no tenga aspectos debatibles o que requieran ser aclarados para su mejor interpretación o aplicación como lo son las distintas variables que deben de levantarse y evaluarse a la hora de pensar en una separación entre la Federación y la ANFP.

No obstante, la situación actual donde la ANFP administra las selecciones y donde una Corporación sin fines de lucro, administra una liga sin llevarse ningún porcentaje de los derechos de televisación del campeonato que organiza, requieren, en el mediano plazo, de una mejor coordinación de intereses y objetivos, con mecanismos de administración bien diferenciados, a nivel de presupuestos y equipos de trabajo.

Por otra parte, este avance legislativo debe resguardar que, una eventual liga bajo una estructura de sociedad anónima, no afecte el desarrollo y cumplimiento de ciertos objetivos sociales y no económicos como lo son la promoción del deporte y el desarrollo de la infraestructura deportiva y el fútbol joven.

Por último, un desafío no menor es abordar la necesaria y legitima retribución por las funciones ejecutivas y de administración que realicen los directores de la ANFP o liga subsidiados con los dineros que la Conmebol entrega a quien presida la Federación. Lo anterior, puede afectar la independencia en la gestión en funciones tales como la toma de decisiones estratégicas o el análisis de situaciones en que existan conflictos de interés e incluso en las posturas que haya que tomar ante decisiones o acciones que regulen la actividad del deporte y del fútbol profesional.

Como se ve, esto está recién comenzando.

JUAN CARLOS SILVA ALDUNATE