El escenario es perfecto. El Mundial Sub-20 desarrollándose con mucha gente en los estadios. La selección nacional de la categoría eliminada con México por nocaut; la discusión sobre la continuidad del proyecto que encabeza Nicolás Córdova, la selección mayor alistándose para un amistoso frente a Perú en el Bicentenario de La Florida y el fútbol en su conjunto a la espera de un gesto de Pablo Milad y su directorio. Algo que no llegará, porque el sillón de Quilín y sus prebendas satisfacen sus necesidades con plenitud.
Una agenda espectacular para meter un golazo al ángulo en la discusión de la ley que reformula las sociedades anónimas deportivas. Con cierta ingenuidad y romanticismo se plantea la presencia de los hinchas en los directorios de los clubes o alguna instancia resolutiva, sin explicar quiénes y por qué se arrogarán ese derecho.
No hay que ser brujo para darse cuenta de que a la corta o a la larga, las barras bravas tomarán protagonismo. Reconocer el valor de los simpatizantes, la mantención o recuperación de la identidad es un tema relevante, pero tiene que ejecutarse con pinzas.
Lo anterior no es lo más grave. El Ejecutivo y el grueso de los senadores de la comisión de Gobierno mantuvieron la multipropiedad y la presencia de los fondos de inversión, verdadero cáncer que afecta a nuestro fútbol. Se plantea que lo primordial es la separación de la Federación de Fútbol de Chile y la ANFP. Ese es un factor secundario, instalado a esta altura casi como un lugar común o fetiche, desde la lejanía de la actividad.
Hoy la ANFP y la Federación están separadas. De hecho, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional está asociada a la federación. La necesidad de una secesión es un imperativo, pero no resuelve el meollo del asunto. Mientras exista multipropiedad y opacidad, a través de los fondos de inversión, el fútbol chileno no se moverá del actual estado de situación.
Los parlamentarios y el gobierno deben comprender que legislan sobre una actividad lúdica, que se resuelve en una cancha y sobre la cual asoman intereses cruzados. Es clave la transparencia, porque en cada juego hay terceros en discordia. Este factor se traslada al mercado de fichajes, que reclama máxima claridad y limpieza. Si alguien tiene presencia en dos o más clubes, en algún momento estos intereses se cruzarán. Lo sabemos y lo hemos visto.
Lo anterior está ligado con los fondos de inversión, como sucede en Azul Azul, la concesionaria que administra Universidad de Chile. De mantenerse esta figura queda el espacio liberado para los palos blancos. Los clubes requieren dueños de carne y hueso, con RUT reconocibles, que la sociedad y el Estado no se encuentren con acertijos societarios cuando pretendan fiscalizar.
Es falso que se afecte la libre competencia o el derecho a emprender. En el deporte profesional, en todas las competencias ligueras, no puede existir ningún vínculo entre las instituciones. La deportividad está en riesgo.
Si persisten las normas aprobadas el pasado miércoles en la comisión de Constitución, habremos recorrido un camino largo para llegar al mismo lugar. No tenemos pruebas, pero tampoco dudas, de la presencia de los lobistas que apuntan a mantener el actual estado de situación. No basta con la salida de los representantes de la propiedad de los clubes. Ese es un aspecto de la ecuación, pero no el definitivo. La clave radica en un sistema donde nadie dude.