Ya los días previos a la decisiva asamblea de socios de la Corporación Club de Deportivo Universidad de Concepción se advertían cosas extrañas. La cita era para el 27 de abril del 2023 y en ella debía votarse el traspaso del fútbol profesional, con sus millonarios derechos de televisión, desde la Universidad a una sociedad anónima. Cuando la fecha se acercaba, comenzaron a hacerse socios una cantidad inusitada de personas, totalmente fuera de norma. “Una sola persona inscribía a quince”, cuentan.
El día en cuestión llegaron 41 socios a la votación, pero se contabilizaron 360 votos. Varias personas acudieron con poderes simples facultados para votar por decenas de socios “fantasmas” que nadie había visto nunca en la Corporación, ni menos en el estadio Ester Roa alentando al Campanil. Uno de los presentes, por ejemplo, votó por 170 socios con estos poderes como respaldo. La Ley del Deporte es bien clara al respecto, las votaciones son “personales e indelegables”. Y la asamblea la incumplió de forma grosera.
En este marco insólito, la privatización fue votada a favor secundada por el entonces presidente de la Corporación Gustavo Lecaros. La asamblea terminó en escándalo, con socios retirándose del lugar. Entonces, un grupo de socios históricos de la U de Conce interpuso un recurso en los tribunales por la irregularidad.
Esto no impidió que el fútbol fuera vendido en noviembre de 2023 a Rimoun Hanouch, al que se presentó como un “destacado comerciante de automóviles emiratí”, cuando se trataba de un vulgar empresario de jugadores húngaro registrado en la FIFA como tal (y su registro fue borrado el mismo día que se concretó la compra del Campanil). Hoy el club es manejado por empresarios de jugadores argentinos y se sospecha que hay un pez gordo atrás, del calibre de Christian Bragarnik. Lo de Hanocuh fue un tongo que la prensa chilena se comió de punta a punta.
El lunes pasado El Primer Juzgado Civil de Concepción acogió la demanda de nulidad absoluta presentada por un grupo de socios de Universidad de Concepción en 2023 y dejó sin efecto los actos que permitieron la transformación de la rama de fútbol en una Sociedad Anónima Deportiva Profesional (SADP). En la sentencia, el tribunal resolvió que “se acoge, con costas, la demanda de nulidad absoluta”, ordenando que “deberán restablecerse las cosas al estado anterior de haberse celebrado la Asamblea General Ordinaria de Socios, de 4 de junio de 2022, y de la Asamblea Extraordinaria de Socios, de 27 de abril de 2023”.
¿Qué pasará ahora que la justicia declaró nula la venta del fútbol profesional de la Corporación a empresarios de jugadores? El abogado de los socios querellantes, Manuel Durán, dice que el camino será largo y que posiblemente terminen en la Corte Suprema. “La Universidad en todo momento ha buscado darle una justificación económica a este proceso de transformación. La situación financiera del club nunca estuvo clara y cuando se quiso pedir antecedentes, nunca los entregaron”, dice Manuel Durán. “A nosotros no nos cuadra porque el club venía reportando mejores resultados”, explica.
La SDAP Universidad de Concepción dirigida por Agustín Lorenzetti ya apeló el fallo con dos recursos, uno de casación y otro de apelación, por lo que viene una larga y costosa batalla legal por el equipo que hoy juega en Primera División. “Esto pasa del Juzgado Civil a la Corte de Apelaciones de Concepción que debe fijar un día para la comparecencia de ambas partes. Lo que ocurra, se mantenga o se revoque, va a llegar a la última instancia, la Corte Suprema. Podemos estar esperando un año y medio, dos años”, dice resignado Durán.
Aun así, los socios tienen herramientas para maniobrar lo que se demore la justicia en fallar. “Vamos a solicitarle al tribunal que adopte ciertas diligencias al tribunal para que la situación no se siga alterando más de lo que ya ha sido. Ellos (la Sociedad Anónima) corren un riesgo alto porque si la sanción se mantiene puede tener un efecto en cadena. Pueden celebrar mil actos y si lo siguen haciendo todo se puede caer si se mantiene la sentencia”. Advierte Manuel Durán.
Cuenta el abogado, el tema de fondo para los socios es la complicidad de la rectoría: “Lo que más molesta es la contradicción con el discurso público de la Universidad de Concepción, pruralista y transparente. Han hecho todo lo posible por no entregar la información. Hemos requerido documentos judicialmente y ser negados. Es importante que se pronuncie el rector, Carlos Saavedra Rubilar, como jefe de la Corporación. Pero hasta ahora es sólo hermetismo”.