La política chilena tiene una deuda crónica con sus deportistas. El Estado celebra logros aislados, se moviliza cuando aparece un talento sorpresa y llena las redes sociales cuando un atleta rompe un récord continental, pero a la hora de escribir políticas públicas, la élite deportiva desaparece. La revisión de los programas presidenciales lo confirma con una crudeza incómoda: el alto rendimiento prácticamente no existe. No hay planificación, no hay financiamiento robusto, no hay profesionalización de federaciones, ni una sola propuesta que enfrente el problema de fondo: Chile carece de un sistema coherente que permita competir en serio a nivel internacional.
El contraste es evidente. Mientras países comparables destinan recursos estables, becas integrales, centros de entrenamiento, apoyo médico permanente y estructuras modernas, Chile sigue atrapado en un modelo fragmentado. Las becas dependen de resultados, los centros de preparación se usan a medias, las federaciones se sostienen con voluntarismo, y los atletas navegan en la precariedad: trabajan en paralelo, entrenan en horarios imposibles y financian viajes a torneos internacionales con rifas y colectas digitales. Es una realidad dolorosa que los programas presidenciales prefieren no mirar.
Los documentos hablan de deporte comunitario, de vida saludable, de abrir escuelas en fines de semana, de plazas activas y de actividad física para la población. Todo eso es necesario, pero confunde masividad con alto rendimiento. Son mundos aparte. Uno busca mejorar la salud pública; el otro aspira a competir en Juegos Olímpicos, Panamericanos, Mundiales o circuitos profesionales. Chile necesita ambas dimensiones, pero la segunda ni siquiera aparece mencionada con seriedad.
El silencio programático no es una omisión inocente. Revela una falta de comprensión sobre el rol estratégico del alto rendimiento: identifica talentos, inspira a nuevas generaciones, proyecta una imagen país, dinamiza economías regionales, profesionaliza clubes y activa industrias como el turismo deportivo o la tecnología aplicada al rendimiento. No es un lujo. Es parte del desarrollo cultural y social de un país moderno.
La ausencia de medidas concretas refleja también otra fragilidad: la incapacidad de Chile para actualizar su institucionalidad deportiva. No se discute una reforma al IND. No se mencionan federaciones. No hay un plan para centros de alto rendimiento regionales. No existe una modernización del Sistema de Becas Proddar. No se habla de ciencia aplicada al deporte ni de vinculación con universidades. Ni una palabra sobre entrenadores, captación de talentos, mecanismos de detección temprana, o un calendario internacional financiado.
Nada.
Y en esa nada, están los deportistas. Atletas que compiten solos, entrenadores que trabajan sin contratos estables, dirigentes que dependen de fondos concursables, y una estructura que mira cada ciclo olímpico como si fuera la primera vez. El país que celebró Santiago 2023 parece ya olvidado del impulso que dejó, como si la memoria deportiva nacional durara lo que dura un titular.
Justamente Harold Mayne Nicholls fue el que más se extendió en ese ítem. El programa propone una política deportiva centrada en combatir la obesidad infantil con más educación física, mejor nutrición escolar y recreos activos, junto con ampliar la infraestructura en escuelas públicas. También plantea usar grandes eventos internacionales como motores de legado e inspiración —incluyendo candidaturas a Juegos Olímpicos 2036 y Mundial femenino— y convertir la difusión del deporte olímpico en una política obligatoria de TVN. En conjunto, afirma que el deporte será política de Estado, integrando salud, educación y cohesión social, con el objetivo final de construir un Chile más activo, equitativo y con oportunidades deportivas desde la infancia hasta el alto rendimiento. Promesas difíciles de cumplir, casi un manotazo de ahogado del candidato.
Pero, en el fondo, la política chilena vuelve a tropezar con la misma piedra: reduce el deporte a recreación, a bienestar, a vida sana. Ignora que el alto rendimiento no solo es competencia, sino una plataforma de país, una señal de ambición. Los atletas merecen algo mejor que un pie de página o un conjunto de frases genéricas sobre “talentos” y “oportunidades”. Merecen políticas, presupuesto, estructura, planificación y un Estado que esté a la altura del esfuerzo que ellos ponen cada día.
El próximo gobierno, sea cual sea, deberá pagar esta deuda. Porque un país que no planifica su alto rendimiento es un país que renuncia a reconocerse en su propio mérito. Y eso, más que un error, es una renuncia. Una renuncia que Chile ya no puede seguir permitiéndose.