Un verdadero terremoto amenaza con sacudir a la Primera B. La ANFP amplió la denuncia presentada contra San Marcos de Arica ante el Tribunal de Disciplina y endureció considerablemente el escenario que enfrenta el cuadro nortino, que incluso arriesga ser desafiliado del fútbol profesional chileno.
El nuevo capítulo apunta directamente a la información financiera entregada por San Marcos a la Unidad de Control Financiero de la asociación. Según la acusación, el club presentó cuatro declaraciones juradas, correspondientes a octubre de 2024 y abril, julio y octubre de 2025, cuyos números no coincidirían con los que posteriormente aparecieron en sus estados financieros auditados.
Las diferencias son enormes. En septiembre de 2024, San Marcos declaró activos por $2.929 millones y pasivos por $1.941 millones, exhibiendo así un capital de funcionamiento positivo de $988 millones. Sin embargo, los estados financieros auditados a diciembre del mismo año mostraron activos por apenas $710 millones y pasivos por $2.599 millones, dejando un patrimonio negativo de $1.889 millones.
El escenario se habría repetido durante 2025. Las tres declaraciones juradas de ese año informaron activos que fluctuaban entre $2.750 millones y $2.820 millones y pasivos cercanos a los $1.850 millones. Los estados financieros auditados al 31 de diciembre, en cambio, consignaron activos por $912 millones y pasivos por $3.822 millones.
Uno de los contrastes más llamativos aparece en la declaración correspondiente a septiembre de 2025. Allí el conjunto ariqueño informó un capital de funcionamiento positivo de $904 millones, mientras que posteriormente el balance auditado estableció un patrimonio negativo de $2.909 millones. La diferencia entre ambas cifras alcanza los $3.813 millones.
A partir de estos antecedentes, la ANFP sostiene que las cuatro declaraciones fueron confeccionadas por el propio club para ser presentadas ante la Unidad de Control Financiero. La asociación plantea que las inconsistencias podrían constituir la presentación de documentación falsa y acusa a San Marcos de un incumplimiento grave y reiterado de sus obligaciones estatutarias.
La petición principal eleva al máximo la gravedad del caso. La ANFP solicita que, de acreditarse los hechos bajo esa calificación, se proponga la desafiliación de San Marcos de Arica al Consejo de Presidentes. Como sanción alternativa, solicita una multa que puede fluctuar entre las 1.000 y 2.000 UF.
Pero existe un segundo escenario que también podría alterar por completo la competencia. Si el Tribunal determina que no se trató de documentación falsa, sino de documentación adulterada, la asociación solicita aplicar el descenso de San Marcos a la categoría inmediatamente inferior al término de la temporada.
La denuncia agrega otro antecedente. El 27 de julio de 2026, la ANFP solicitó formalmente explicaciones al club por las diferencias detectadas y pidió documentación que permitiera justificar los montos informados. San Marcos tenía plazo hasta el 3 de agosto para responder, pero, de acuerdo con la presentación realizada ante el Tribunal, no lo hizo dentro del período establecido.
Así, un caso que inicialmente estaba concentrado en las irregularidades detectadas en los antecedentes financieros adquiere una dimensión mucho mayor. San Marcos deberá defenderse ahora de una acusación que contempla desde una millonaria multa hasta el descenso y, en el escenario más severo, su desafiliación del fútbol profesional, una resolución que inevitablemente podría terminar teniendo consecuencias directas sobre la Primera B.