Un agujero negro: Contraloría no pudo validar las platas del IND

El tema no apareció de la nada ni es una discusión académica sobre normas contables. Todo comenzó con una auditoría formal a los estados financieros del Instituto Nacional de Deportes, realizada sobre el cierre contable del 31 de diciembre de 2021. Lo que debía ser un ejercicio rutinario de control terminó convirtiéndose en una señal de alarma institucional: la Contraloría General de la República revisó los números del IND y concluyó que no podía emitir una opinión sobre ellos.

La razón fue simple y brutal. Los montos involucrados eran demasiado grandes y los respaldos demasiado débiles. La auditoría se encontró con ajustes contables por $102.179.675.384, efectuados entre 2018, 2020 y 2021, sin documentación suficiente ni una trazabilidad clara que permitiera explicar su origen. No se trataba de diferencias marginales, sino de cifras que afectan directamente el patrimonio del servicio y que, en la práctica, impedían saber cuánto valía realmente el IND.

Ese fue solo el primer golpe. Al revisar la caja, la Contraloría detectó conciliaciones bancarias con partidas sin regularizar por $111.837.562, algunas arrastradas por hasta 16 años. A eso se sumaron movimientos por $19.737.984 registrados después del cierre del ejercicio, alterando el corte contable. En términos simples, ni siquiera el dinero disponible en cuentas corrientes podía ser validado con certeza.

El cuadro se volvió aún más inquietante cuando se revisaron las cuentas por cobrar. Al cierre de 2021, el IND mantenía $186.978.127.000 en deudores por transferencias reintegrables y $46.399.624.000 clasificados como deudores de incierta recuperación. Dentro de esos montos, la auditoría identificó $66.464.436.000 correspondientes a operaciones entre 2016 y 2020 sin evidencia de gestión de cobro. Es decir, recursos públicos entregados que no estaban siendo recuperados ni regularizados.

Más aún, aparecieron registros por $29.565.935.000 en los que el propio IND figuraba como deudor de sí mismo. Un contrasentido contable que distorsiona la lectura de los activos y que revela un nivel de desorden incompatible con un servicio público de esta magnitud.

Los problemas no se agotaron ahí. En anticipos por $10.185.193.000 y depósitos de terceros por $2.556.177.000, se detectaron operaciones no devengadas provenientes de años anteriores a 2017, además de errores de corte presupuestario por $6.006.910.000, correspondientes a ingresos y gastos generados en 2020 pero reconocidos en 2021. El efecto acumulado fue claro: los estados financieros no reflejaban fielmente la realidad económica del Instituto.

Con ese volumen de inconsistencias, la Contraloría tomó una decisión poco habitual pero reveladora: abstenerse de opinar. En términos legales, eso significa que el organismo fiscalizador no contó con evidencia suficiente y apropiada para certificar ni cuestionar la razonabilidad de los estados financieros. No validó los números, pero tampoco pudo desarmarlos. El resultado fue un vacío de control que dejó al IND sin una radiografía financiera confiable.

La abstención no fue un gesto menor ni un tecnicismo. Fue la constatación de que el desorden contable había llegado a un punto en el que el control tradicional ya no funcionaba. Frente a un sistema financiero fracturado, la fiscalización se detuvo y derivó el problema a sumarios internos, trasladando la responsabilidad de esclarecer los hechos al propio servicio auditado.

En ese contexto aparece la figura de Israel Castro. Antes de asumir como director nacional del IND, Castro fue durante seis años, entre 2017 y 2023, Jefe de la División de Administración y Finanzas. Desde ese cargo tuvo bajo su responsabilidad directa la contabilidad, las conciliaciones bancarias, las cuentas por cobrar, los anticipos, los depósitos y el control presupuestario. Es decir, el corazón mismo del sistema que la Contraloría no pudo auditar con certeza.

Lejos de revertirse, los problemas se profundizaron durante su gestión. Fue bajo su jefatura financiera que se ejecutaron los mayores ajustes sin respaldo verificable, se mantuvieron deudas sin gestión de cobro y se arrastraron conciliaciones históricas. Cuando luego asumió la dirección nacional, el desorden ya no era solo técnico: era una responsabilidad política.

La paradoja es evidente. Mientras el IND exhibía obras, estadios y el éxito organizativo de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, sus estados financieros seguían siendo inopinables. La modernización avanzaba en lo visible, pero la contabilidad quedaba atrás, incapaz de sostener el relato con números auditables.

Hoy, tras la salida de Israel Castro, el problema sigue abierto. Nadie puede afirmar con certeza cuál es la situación financiera real del Instituto Nacional de Deportes. Ni cuánto de sus activos es recuperable. Ni cuánto deberá pagar en pasivos. Ni cuál es el verdadero estado de su patrimonio. Y mientras esa pregunta siga sin respuesta, la abstención de la Contraloría no será solo un acto técnico, sino el símbolo de un sistema que llegó tarde al desorden y decidió no entrar hasta el fondo.