Plata de la U en Sartor y órdenes de Clark: qué hay detrás de las declaraciones que complican al club

La investigación por el caso Sartor dejó de ser un asunto técnico para transformarse en un problema estructural en Universidad de Chile. Las declaraciones de los gerentes de Azul Azul ante la fiscalía, reveladas por BioBioChile, no solo confirman movimientos de dinero: abren una serie de interrogantes sobre cómo se administraron los recursos del club y quién tomó realmente las decisiones.

El punto más delicado es directo: Azul Azul invirtió dinero propio en fondos vinculados a Sartor. En términos simples, la concesionaria que administra a la U utilizó recursos del club para colocarlos en una administradora de fondos que, al mismo tiempo, estaba relacionada con quienes tenían poder dentro de la institución. No es un detalle menor ni una operación cualquiera. Aquí aparece el primer problema de fondo: un posible conflicto de interés.

Ese conflicto se vuelve aún más evidente cuando se incorpora la figura de Michael Clark. Según los testimonios, fue él quien instruyó la inversión. Es decir, la decisión no habría pasado exclusivamente por criterios financieros o técnicos, sino por una orden directa desde la presidencia de la concesionaria. En la práctica, esto instala una duda clave: si quien decide tiene vínculos con ambas partes del negocio, ¿se estaba protegiendo el patrimonio del club o se estaba beneficiando otra estructura paralela?

En ese contexto aparece el llamado “Bono Bulla”, presentado en su momento como una herramienta para ordenar las finanzas de Azul Azul, refinanciar deudas e inyectar liquidez. Sin embargo, las declaraciones ante fiscalía agregan una capa mucho más compleja. Parte de esos recursos —que superaron los $10 mil millones— no solo sirvieron para estabilizar al club, sino que también estuvieron conectados con actores del mismo circuito financiero donde operaba Sartor.

Y ahí está el punto que hoy investiga el Ministerio Público: la posibilidad de que ese entramado haya ido más allá del financiamiento. La sospecha es que, a través de estos mecanismos, se haya facilitado indirectamente la toma de control de Azul Azul utilizando dinero proveniente de estructuras financieras vinculadas entre sí. En otras palabras, no se trataría solo de administrar la U, sino de cómo se llegó a controlar la concesionaria.

El problema, llevado a términos simples, es profundo. Si se confirma que recursos del club fueron utilizados en inversiones con potencial conflicto de interés, o que fondos de terceros se canalizaron para influir en la propiedad de Azul Azul, se podría estar frente a figuras como administración desleal, negociación incompatible o infracciones a la ley de mercado de valores.

Para el hincha, la traducción es directa: la plata de Universidad de Chile —la misma que debía destinarse al funcionamiento deportivo e institucional— pudo haber sido utilizada en operaciones que no eran completamente transparentes, y que incluso podrían haber servido para consolidar poder dentro del club.

Por eso el caso escaló a allanamientos, incautación de documentos y declaraciones clave. No es solo un tema financiero ni una discusión técnica. Es una investigación que apunta al corazón de Azul Azul: cómo se manejó el dinero, quién tomó las decisiones y bajo qué intereses se estructuró el control de uno de los clubes más grandes del país.