La investigación por el caso Sartor sumó este jueves una nueva diligencia. Funcionarios de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana llegaron hasta la sede de la ANFP en Quilín para requerir documentación vinculada a Azul Azul, en el marco de la causa que indaga la estructura de propiedad y los movimientos financieros relacionados con el grupo Sartor.
La diligencia fue ordenada por el fiscal de Alta Complejidad Oriente, Juan Pablo Araya, y se desarrolló directamente en dependencias de la ANFP, donde los detectives fueron recibidos por el secretario ejecutivo Juan Eduardo Vega y el vicepresidente del organismo, Jorge Aguilar.
Según los antecedentes recopilados, la PDI solicitó información detallada respecto de ingresos, rentas, pagos y otros movimientos que hayan sido reportados por Azul Azul ante la ANFP. El objetivo es reconstruir el flujo financiero de la concesionaria desde 2019 y determinar la existencia de eventuales operaciones vinculadas a sociedades relacionadas con Sartor.
La indagatoria también busca establecer si existieron compromisos de ingresos futuros o mecanismos que permitieran a terceros percibir recursos originalmente destinados a Azul Azul. En esa misma línea, la Fiscalía intenta identificar quiénes pudieron ser los beneficiarios finales de esos dineros y cuál fue la ruta seguida por esos recursos durante los últimos años.
La diligencia se conecta directamente con el oficio revelado por La Hora de King Kong durante la jornada del miércoles, documento mediante el cual el Ministerio Público instruyó a la PDI requerir antecedentes a la ANFP sobre pagos, contratos, cesiones y movimientos financieros asociados a la concesionaria azul. La presencia de detectives en Quilín representa la ejecución práctica de esa orden investigativa.
Aunque en esta oportunidad no se realizaron interrogatorios ni declaraciones, la visita de la PDI convierte formalmente a la ANFP en una fuente de antecedentes dentro de una investigación que ya incluyó allanamientos al Centro Deportivo Azul, oficinas de sociedades vinculadas a Michael Clark y domicilios de personas ligadas a la operación de control de Azul Azul.
La causa sigue avanzando mientras la Universidad de Chile analiza las consecuencias institucionales derivadas del caso. En paralelo, la casa de estudios encargó informes para evaluar el cumplimiento del contrato de concesión, en medio de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia de la estructura de propiedad de la sociedad anónima que administra al club.
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