La memoria del fútbol chileno es corta, pero los archivos no mienten. En diciembre de 2020, Universidad Católica consiguió la postergación de tres partidos consecutivos —ante Universidad de Chile, Santiago Wanderers y Palestino— por su participación en la Copa Sudamericana. Aquella decisión, gestionada con precisión por la dirigencia encabezada por Juan Tagle, fue celebrada como una muestra de eficiencia administrativa: convertir un éxito deportivo en una ventaja reglamentaria.
Cinco años más tarde, el escenario parece invertido. En medio de un nuevo desafío internacional, la misma dirigencia ahora rechaza la posibilidad de suspender el clásico universitario, argumentando respeto por el calendario y la necesidad de mantener la continuidad del torneo. “Justamente, es lo que hablábamos en la negociación con TNT. No queremos seguir reprogramando partidos, menos aún los más relevantes, como los clásicos”, señaló el mandamás cruzado en ADN.
En 2020, los aplazamientos fueron claves para que la UC llegase con descanso a instancias decisivas (cuartos de final ante Vélez), aunque también generaron críticas por la acumulación posterior de partidos y la sensación de desequilibrio competitivo. Hoy, en cambio, la negativa a reprogramar parece buscar transmitir fortaleza institucional y evitar polémicas, pero pone sobre la mesa las inconsistencias de una política que ha cambiado según las circunstancias.
El caso refleja, además, la tensión permanente entre lo deportivo y lo dirigencial. Mientras algunos valoran la firmeza de Tagle en 2025, otros recuerdan que, cuando los intereses del club lo permitieron, la interpretación del reglamento fue mucho más elástica. Una paradoja que vuelve a poner a la UC en el centro del debate sobre la coherencia y la equidad en el fútbol chileno.