Un nuevo flanco de conflicto se desató luego que el miércoles 10 el Club Provincial Osorno, a través de su presidente Alfredo Vidal Fuentes, presentara una denuncia en contra de la ANFP a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), por los altos derechos de formación de los jugadores sub 23. Lo que "afectarían de manera desproporcionada a los clubes de Segunda División Profesional y a los futbolistas jóvenes" y por lo tanto serían "una barrera artificial de entrada en el mercado laboral del fútbol profesional".
En la denuncia se detalla que el artículo 44 del Reglamento del Fútbol Joven de la ANFP "establece que cualquier club que incorpore a un jugador menor de 23 años formado en otro club deberá pagar una compensación fija de USD 30.000 por cada año de inscripción del jugador en las series juveniles, sin distinguir categoría, inversión, capacidad económica ni división del club adquirente".
Pero advierten que "Esta cifra excede ampliamente los valores de referencia establecidos por la FIFA para clubes de Categoría IV, que corresponden a aproximadamente USD 2.500 por año , conforme al Anexo 4 del Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de Jugadores (RETJ2). Por lo tanto, el monto impuesto por la ANFP es 12 veces superior al estándar internacional proporcional".
Según la denuncia de Provincial Osorno hay graves consecuencias para la categoría:
a) Exclusión económica de clubes pequeños.
Los clubes grandes liberan anualmente un número relevante de jugadores
juveniles que no integrarán sus planteles profesionales. Sin embargo, el costo
artificialmente alto del artículo 44 impide que los clubes de Segunda División
Profesional puedan contratarlos, configurando una barrera de entrada al mercado
laboral del fútbol profesional.
b) Restricción efectiva de movilidad laboral.
Aunque los jugadores quedan formalmente libres, en la práctica no pueden
incorporarse a otros clubes porque el costo de USD 30.000 por año resulta
prohibitivo. Esto limita la movilidad laboral juvenil y restringe el acceso a un
empleo remunerado en el deporte profesional.
c) Efecto de concentración competitiva.
La regla produce una ventaja estructural para los clubes de mayores recursos, que
mantienen un control indirecto sobre el talento juvenil aun después de liberarlo,
afectando la competencia deportiva y económica en perjuicio de clubes pequeños.
d) Efecto sobre el derecho al trabajo.
Esta barrera impide que jóvenes futbolistas —en edad laboral temprana— accedan
a un trabajo remunerado. Esto vulnera el derecho constitucional al trabajo,
consagrado en el artículo 19 Nº16 de la Constitución de Chile, y contradice el
objeto de la regulación FIFA, que protege la movilidad profesional antes de los 23
años.
Por lo mismo Provincial Osorno pide al FNE:
1. Investigar si la tarifa uniformemente fijada constituye una barrera artificial de
entrada en el mercado del fútbol profesional para clubes de Segunda División.
2. Evaluar si dicha regulación privada distorsiona la libre competencia, generando
discriminación económica a favor de clubes grandes.
3. Emitir recomendaciones o pronunciamiento, conforme a sus atribuciones,
respecto de la necesidad de corregir el artículo 44 del Reglamento del Fútbol
Joven de la ANFP, para evitar efectos anticompetitivos y restricciones al derecho
al trabajo juvenil.