Osorno declara la guerra total a la ANFP

Ya denunciaron en la Fiscalía Nacional Económica y en el Tribunal de la Libre Competencia a la ANFP por el pago de 30.000 dólares por derecho de formación por cada jugador que venga de una división superior, al que los clubes de la Segunda Profesional están obligados. Según los abogados de Provincial Osorno este cobro es abusivo y crea una "barrera artificial" para la libre competencia. La FNE admitió a trámite la denuncia y se espera una resolución de la TDLC.

Pero no se quedan con eso. Ahora harán una presentación prejudicial ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP que dice en lo medular lo siguiente: “Dado que la FNE ha admitido una investigación por barrera artificial de mercado respecto del sistema de derechos de formación, y dado que el resultado de dicha investigación determinará la validez del artículo 44, solicito la suspensión inmediata de todo procedimiento de cobro hasta que exista decisión del TDLC.”

Lo que aspiran con esto es:
-Ningún club grande puede cobrar mientras dure la investigación
-Ningún jugador queda bloqueado
-Ningún club chico queda obligado a pagar
-El sistema queda “congelado”.

Además, oficiaron preventivamente al Tribunal de Disciplina de la ANFP, advirtiendo graves consecuencias por cualquier hipotética sanción deportiva debido a las denuncias hechas al FNE y TDLC:

"El artículo 42.4 de los Estatutos de la ANFP establece apremios deportivos, incluida la resta de puntos, para los clubes que no paguen derechos de formación. La aplicación de dichos apremios mientras la norma base se encuentra bajo investigación por la FNE constituye una forma de coacción ilegítima, pues obliga a pagar una obligación cuya legalidad está siendo cuestionada por la autoridad de competencia.

La aplicación de sanciones deportivas en este contexto puede generar daños irreparables y expone tanto a la ANFP como a sus órganos jurisdiccionales a responsabilidad patrimonial, al ejecutar una norma privada bajo investigación por posible infracción al orden público económico".

Junto con lo anterior, ingresaron una denuncia a la Corte de Apelaciones por los cobros de derechos de formación abusivos, señalando:

"Se vulneran especialmente:
1. Artículo 19 Nº16 – Libertad de trabajo
Los futbolistas jóvenes, liberados por clubes grandes, no pueden ser contratados por clubes de Segunda División Profesional debido al cobro artificial de USD 30.000 por año, lo que les impide ejercer su profesión.

2. Artículo 19 Nº21 – Libertad para desarrollar actividades económicas
Mi representado se ve impedido de contratar jugadores y competir en el mercado profesional por una barrera económica privada impuesta por la ANFP.

3. Artículo 19 Nº2 – Igualdad ante la ley
Los clubes grandes no se ven afectados por estos cobros (no contratan esos jugadores), mientras que los clubes pequeños sí, generándose una discriminación estructural.

VI. SUJECIÓN A CONTROL CONSTITUCIONAL
La ANFP y la Federación de Fútbol de Chile, aun siendo corporaciones privadas, ejercen funciones públicas delegadas por el Estado en virtud de la Ley del Deporte (Ley N° 19.712) y del reconocimiento del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deportes, regulando el acceso, permanencia, sanción y competencia en el fútbol profesional, por lo que están sujetas al control constitucional y a esta acción de protección.

VII. PETICIÓN
Por lo expuesto, solicito a esta Ilustrísima Corte:
1. Que se declare que los actos recurridos son ilegales y arbitrarios.
2. Que se ordene a las recurridas suspender inmediatamente todo cobro de derechos de formación fundado en el artículo 44 del Reglamento de Fútbol Joven de la ANFP.
3. Que se ordene asimismo la suspensión de todos los apremios, sanciones deportivas y procedimientos de ejecución, incluidos los previstos en el artículo 42.4 de los Estatutos de la ANFP, mientras se encuentre pendiente el pronunciamiento de la FNE y del TDLC.
4. Que se prohíba cualquier restricción de inscripción, sanción deportiva o perjuicio competitivo derivado del no pago de dichos derechos durante dicho período".

Los equipos de la Segunda Profesional están citados a una asamblea presencial el lunes 29 a las 16 horas en la misma ANFP. Según el presidente de Provincial Osorno Jorge Alfredo Vidal, todas estas acciones son parte de un "un plan para evitar que nos maten con los derechos de formación". O como se le dijo a Pablo Milad en una carta, estos cobros: "constituyen una forma de coacción económica ilegítima, pues fuerza a los clubes a pagar aun cuando el sistema podría ser declarado ilegal o anticompetitivo, produciendo daños irreparables tanto a clubes de Segunda División Profesional como a futbolistas jóvenes".