Michael Clark se hunde un poco más: la CMF lo declara controlador y el TC rechaza su defensa

Michael Clark atraviesa su momento más complejo desde que pasó a manejar los destinos de Azul Azul. Un oficio de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) estableció que el empresario tomó el control indirecto de la concesionaria el 13 de diciembre de 2024, cuando su sociedad Inversiones Antumalal adquirió el 90% de las cuotas del Fondo de Inversión Privado Tactical Sport.

Ese fondo es propietario del 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul, las que concentran el poder de decisión dentro de la sociedad. Para la CMF, la operación es inequívoca: al quedarse con el 90% del fondo, Clark pasó a ser el controlador final del club, con capacidad para asegurar la mayoría de votos en las juntas de accionistas y elegir a la mayor parte del directorio.

El problema es que, según el regulador, Clark no cumplió dos obligaciones centrales de la Ley de Mercado de Valores. Primero, no realizó una Oferta Pública de Adquisición (OPA) dirigida al resto de los accionistas serie B. Segundo, tampoco informó públicamente la toma de control. Ambas omisiones constituyen infracciones, por lo que la CMF le instruyó adoptar medidas para subsanar la situación y dejó abierta la puerta a un procedimiento administrativo sancionatorio.

En términos simples, la autoridad financiera sostiene que Clark llegó al control de Azul Azul sin respetar el mecanismo legal que protege a los accionistas minoritarios.

Buscando revertir ese escenario, el empresario recurrió al Tribunal Constitucional, intentando que se declararan inaplicables los artículos que lo obligan a hacer OPA. Su argumento fue que él solo compró cuotas de un fondo —y no acciones directamente— y que esas cuotas no otorgan derechos políticos. Sin embargo, el TC declaró inadmisible su requerimiento tras un empate de votos, lo que dejó sin efecto su principal estrategia de defensa y reactivó plenamente el proceso judicial.

Con esa vía cerrada, el conflicto vuelve a concentrarse en la Corte Suprema, donde se tramita el recurso contra el rechazo de su reclamo de ilegalidad. Mientras tanto, el criterio de la CMF sigue firme: hubo toma de control y hubo incumplimiento legal.

Hoy no existe una resolución que saque automáticamente a Clark de Azul Azul, pero el escenario quedó completamente abierto. Si la CMF avanza con un proceso sancionatorio y este termina confirmando las infracciones, el empresario se expone a multas relevantes y, sobre todo, a la obligación de regularizar su posición, lo que podría incluir una OPA tardía o medidas que impacten directamente en la estructura de control del club.

Además, el hecho de que la autoridad ya lo reconozca formalmente como controlador deja bajo lupa cada decisión societaria relevante. Una eventual sentencia adversa en la Corte Suprema podría debilitar jurídicamente su permanencia al mando de Azul Azul y forzar cambios profundos en la propiedad.

Por ahora, Clark sigue ejerciendo el control de facto. Pero su llegada al poder quedó oficialmente cuestionada por la CMF, su ofensiva en el Tribunal Constitucional fracasó y el caso continúa escalando en tribunales. Un cóctel que instala incertidumbre en Universidad de Chile y abre un capítulo decisivo sobre quién manda realmente en Azul Azul.