Tras casi una década de tramitación legislativa, un grupo de federaciones apareció recién este lunes con una carta dirigida al Senado, a solo horas de que el proyecto pasara a Sala. La ofensiva, firmada por entidades de bajo peso competitivo y económico, huele a maniobra desesperada de lobby para congelar una reforma que apunta directamente al modelo actual del fútbol profesional.
El intento por frenar la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP) se activó en el último minuto.
Este lunes 26 de enero de 2026 —un día antes de que el proyecto ingresara a votación en la Sala del Senado— siete federaciones deportivas enviaron una carta formal a los parlamentarios manifestando su “preocupación institucional” por el contenido del proyecto que modifica la Ley N°20.019.
El gesto llama poderosamente la atención por su timing. La iniciativa fue presentada en 2016 y lleva cerca de siete años de tramitación. Durante todo ese período, estas federaciones no pidieron audiencias ni realizaron observaciones públicas. El reclamo aparece recién ahora, cuando el texto ya fue aprobado en Comisión de Constitución y entraba en su fase decisiva.
En la misiva, las federaciones reclaman que nunca fueron convocadas al debate legislativo y sostienen que el proyecto “no se limita al fútbol profesional, sino que establece un nuevo régimen jurídico general para el deporte profesional en Chile”, agregando que tampoco fueron oídas las restantes 46 federaciones reconocidas en el país. Sin embargo, lo que presentan como exclusión institucional contrasta con años de silencio.
El documento advierte que la reforma implica un “profundo rediseño estructural del régimen del deporte profesional”, detallando nuevas exigencias como la creación de ligas como sociedades anónimas especiales, capitales mínimos, fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero, auditorías externas obligatorias y restricciones severas a la transferencia de acciones.
También cuestionan una norma particularmente sensible: la responsabilidad solidaria de las ligas por deudas laborales y previsionales de clubes descendidos, señalando que estas disposiciones generan “costos fijos de cumplimiento —contables, legales, administrativos y de auditoría— que resultan desproporcionados respecto de nuestra estructura presupuestaria y modelo de funcionamiento”.
El argumento central es económico. Las federaciones reconocen que muchas disciplinas no cuentan con derechos televisivos ni estructuras empresariales, afirmando que la aplicación uniforme del régimen SADP “desincentivará la formalización del deporte profesional en disciplinas distintas al fútbol e, incluso, pondrá en riesgo la viabilidad de una importante cantidad de ligas”.
Con ese marco, solicitan formalmente que el proyecto vuelva a comisión para abrir nuevas audiencias y revisar materias como capital mínimo, exigencias de auditoría y responsabilidad solidaria.
La carta está firmada por presidentes de federaciones de bajo peso dentro del ecosistema del deporte profesional —como Fútbol Americano, Andinismo, Patinaje o Hockey Césped— disciplinas sin incidencia real en el negocio del fútbol chileno, pero utilizadas ahora como paraguas institucional para intentar frenar una ley que apunta directamente a mayor fiscalización, transparencia y control de conflictos de interés.
Más que una defensa del deporte federado, el movimiento se lee como una maniobra de último recurso del ecosistema de lobby que rodea al fútbol chileno, utilizando federaciones menores como escudo para retrasar una ley que amenaza con cambiar reglas que durante años funcionaron sin fiscalización real..
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