La relación entre la Universidad de Chile y Azul Azul entró en una nueva etapa de tensión. La Casa de Estudios decidió endurecer públicamente su postura frente a la concesionaria que administra al club y elevó el tono de sus cuestionamientos en medio de la investigación judicial que involucra a Michael Clark y al caso Sartor. Esta vez, la universidad no solo manifestó preocupación por el escenario institucional, sino que además acusó una “falta de transparencia” y un “débil gobierno corporativo” dentro de la sociedad anónima.
Según reveló La Tercera, la rectora Rosa Devés instruyó la contratación del abogado Andrés Jana Linetzky para elaborar un informe jurídico que analice eventuales incumplimientos en el convenio firmado entre la universidad y Azul Azul. El objetivo es estudiar si la situación actual vulnera principios esenciales del acuerdo, especialmente aquellos ligados a la imagen y el prestigio institucional de la Casa de Bello.
El conflicto se produce luego del allanamiento realizado por la PDI al Centro Deportivo Azul y de las diligencias impulsadas por Fiscalía Oriente en el marco de la investigación contra Michael Clark, expresidente y principal accionista de Azul Azul. Aunque Clark renunció a la presidencia en abril, la universidad considera que los hechos conocidos durante las últimas semanas agravan aún más las dudas respecto de la administración de la concesionaria.
De hecho, el comunicado difundido por la Universidad de Chile fue especialmente duro. “Las recientes diligencias realizadas por la Policía de Investigaciones y el Ministerio Público refuerzan lo señalado por esta Casa de Estudios Superiores en la última junta ordinaria de accionistas de la concesionaria, en la que advertimos una falta de transparencia en la información de la sociedad y la existencia de un débil gobierno corporativo”, señala el texto publicado por la institución.
La universidad también confirmó que seguirá monitoreando los procesos judiciales ligados a la concesionaria y remarcó que tiene el deber estatutario de proteger su imagen institucional. En ese contexto, el informe encargado a Jana deberá determinar los alcances legales de la situación, sus posibles efectos sobre el convenio con Azul Azul y los distintos cursos de acción que podría adoptar la universidad en el futuro.
El escenario genera máxima inquietud dentro del mundo azul, porque el convenio que permite a la concesionaria utilizar el nombre “Universidad de Chile” es uno de los pilares fundamentales de Azul Azul. Y aunque desde la Casa de Estudios no hablan todavía de romper el vínculo, sí dejan en evidencia que consideran insuficiente el actual marco de control sobre la sociedad anónima. Según La Tercera, internamente incluso observan el contrato como “débil y ambiguo”, especialmente frente a escenarios de crisis reputacional como el que hoy enfrenta la concesionaria.
La señal política también es potente. Porque mientras Cecilia Pérez intenta estabilizar el directorio tras la salida de Michael Clark y el impacto del caso Sartor, la Universidad de Chile comienza a marcar distancia pública respecto de la administración del club. Una postura que, además, reabre el histórico debate sobre el modelo de sociedades anónimas y el verdadero control detrás de Azul Azul.