La última carta de Segovia: el abogado del resquicio y la amenaza de un torneo en pausa

No hay épica deportiva en la maniobra final de Unión Española. Lo que hay es urgencia. Y, sobre todo, una apuesta agónica. Con el descenso consumado en la mesa de la ANFP, el controlador del club, Jorge Segovia, decidió llevar el conflicto al terreno donde cree tener todavía una rendija abierta: la justicia ordinaria. No es una jugada de reconstrucción, es una maniobra de supervivencia. Y como toda acción desesperada, arrastra consecuencias que exceden largamente a Santa Laura.

Segovia no eligió un abogado cualquiera. Puso al frente a Cristóbal Osorio, especialista en derecho administrativo sancionador, conocido por desarmar actos de autoridad desde los vicios de forma y por no temerle a conflictos de alto voltaje institucional. La lógica es clara: si el descenso no se puede revertir en la cancha ni en los tribunales deportivos, la única opción es impugnar el procedimiento mismo que lo originó. No discutir goles ni puntos, sino reglamentos, jerarquías normativas y debido proceso.

El fondo del reclamo apunta a un choque entre las bases del campeonato y normas superiores de la propia asociación. Es el clásico “resquicio legal”: demostrar que la ANFP aplicó reglas que no estaban correctamente habilitadas o que vulneran principios básicos del derecho administrativo. Es una estrategia conocida, pero pocas veces llevada hasta sus últimas consecuencias en el fútbol chileno. Y ahí aparece el verdadero temor en Quilín: Osorio no litiga para negociar; litiga para forzar escenarios.

El riesgo mayor no es solo que Unión Española —y también Deportes Iquique— consigan frenar su caída. El peligro estructural es otro: una eventual orden de no innovar que suspenda los efectos del descenso mientras se tramita la causa. Traducido al calendario, eso significa un campeonato 2026 en duda, bases en entredicho y un torneo que podría no arrancar a tiempo. Un golpe directo a una ANFP que ya exhibe fragilidad financiera, conflictos laborales internos y una credibilidad erosionada.

El perfil de Osorio explica por qué esta ofensiva inquieta más allá del fútbol. Académico, docente y litigante, ha construido su reputación enfrentando organismos autónomos desde la justicia ordinaria, cuestionando sanciones, actas y procedimientos. Su fortaleza no está en el relato deportivo, sino en el detalle técnico: cómo se votó, qué norma se aplicó, si el órgano era competente y si el castigado tuvo realmente un debido proceso. En ese terreno, el fútbol chileno suele moverse con informalidad, y esa es su mayor debilidad.

El historial de Cristóbal Osorio explica por qué en Quilín nadie toma esta ofensiva a la ligera. Su nombre quedó instalado a nivel nacional tras liderar la defensa del fiscal regional Emiliano Arias en 2020, cuando logró frenar en la Corte Suprema su remoción impulsada por la Fiscalía Nacional, desarticulando el procedimiento por vicios formales y falta de sustento probatorio. Más recientemente, Osorio volvió a tensionar al poder institucional al encabezar la defensa de la ministra Ángela Vivanco, cuestionando directamente la legalidad del proceso seguido en su contra y acusando un “zigzagueo jurisprudencial” del máximo tribunal, una tesis que, aunque no evitó la caída de la magistrada, dejó expuestas grietas relevantes en los mecanismos disciplinarios del Estado.

A eso se suma su rol en litigios constitucionales de alto impacto —como la defensa de los retiros del 10% de los fondos previsionales— y en la invalidación de actos administrativos de organismos públicos, un patrón que se repite: Osorio no busca ganar por volumen político, sino por precisión técnica, atacando la estructura del procedimiento más que el fondo del conflicto. Es exactamente esa metodología la que hoy traslada al fútbol chileno, donde la fragilidad normativa de la ANFP aparece como terreno fértil para una embestida que no apunta a negociar, sino a forzar una resolución judicial con efectos sistémicos.

Para Segovia, esta es la última bala. No hay plan B. Si el tribunal no acoge la tesis del resquicio, Unión Española caerá a Primera B con todo el desgaste político e institucional que implica esta cruzada. Pero si la ofensiva prospera, el costo será colectivo: la judicialización total del torneo, el choque con los estatutos FIFA y un precedente que amenaza con abrir la puerta a impugnaciones futuras cada vez que un club se sienta perjudicado.

La pregunta de fondo es incómoda y va más allá de los hispanos: ¿está preparado el fútbol chileno para que sus decisiones sean revisadas como actos administrativos comunes? La movida de Segovia, ejecutada por Osorio, empuja al sistema a responder esa pregunta a la fuerza. Y mientras eso ocurre, el campeonato pende de un hilo que ya no se corta con un silbato, sino con un escrito judicial.