El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos fue inaugurado el 3 de diciembre de 1938 con una vocación inequívoca: servir al deporte. Su apertura incluyó una revista de gimnasia y un desfile de federaciones y clubes, y al día siguiente albergó su primer partido de fútbol. Ocho décadas después, el recinto mantiene su estatus simbólico, pero su uso efectivo se ha desplazado progresivamente hacia los espectáculos masivos.
Para el año 2026, el Estadio Nacional ya tiene nueve conciertos confirmados, según información oficial difundida en diciembre de 2025. El calendario incluye tres fechas de Bad Bunny (9, 10 y 11 de enero), además de presentaciones de Tini, Chayanne, AC/DC, Cris MJ y Iron Maiden en octubre, una programación que vuelve a tensionar la convivencia entre fútbol, deporte de alto rendimiento y eventos musicales. La Universidad de Chile, uno de los principales usuarios deportivos del recinto, ya vivió este escenario en 2025, cuando debió disputar sus últimos cuatro partidos como local fuera del Nacional, debido a la saturación de eventos.
El problema, sin embargo, va más allá de la disponibilidad de la cancha. Según cifras dadas a conocer por autoridades comunales, el Estadio Nacional genera en torno a 3.600 millones de pesos anuales por concepto de arriendos, considerando conciertos, partidos y otros eventos. Ese dinero es recaudado por el Instituto Nacional de Deportes (IND), organismo dependiente del Ministerio del Deporte, pero no queda ni en el recinto ni en la comuna que lo alberga.
El alcalde de Ñuñoa, Sebastián Sichel, quien asumió el cargo en diciembre de 2024, ha sido categórico al explicar el destino de esos recursos. “¿Cuánto de eso queda para el estadio o para Ñuñoa? Cero. Todo se va al fisco”, señaló públicamente al detallar que los ingresos del Nacional pasan al presupuesto general del Estado, mientras la municipalidad enfrenta los costos indirectos de cada evento masivo, como seguridad, limpieza, congestión vial y comercio informal.
La crítica desde el mundo deportivo es aún más profunda. En la Gala Olímpica 2025, el presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, apuntó directamente al modelo de gestión del recinto. “Que el Estadio Nacional sirva para el deporte, para la cultura y para los eventos internacionales musicales… cuando se arrienda, esos fondos no van para el deporte, esos fondos se devuelven al Ministerio de Hacienda”, afirmó, planteando la necesidad de corregir una distorsión que considera estructural.
Mujica respaldó su crítica con cifras presupuestarias. En 2025, el presupuesto destinado al deporte fue cuatro veces menor que el de cultura, y para 2026 la proyección amplía esa brecha a cinco veces, un contraste que, a su juicio, explica por qué deportistas de alto rendimiento siguen enfrentando dificultades para financiar entrenamientos, competencias y carreras profesionales, incluso cuando el principal estadio del país genera ingresos millonarios.
El diagnóstico es compartido por varios actores: el Estadio Nacional produce recursos, pero no existe un mecanismo que asegure su reinversión directa en infraestructura deportiva, programas de desarrollo o apoyo a los atletas. Tampoco hay una asignación específica que permita compensar a la comuna anfitriona ni fortalecer el uso deportivo del recinto, pese a su carga histórica y simbólica.
Así, mientras el calendario de conciertos sigue creciendo y el Nacional se consolida como epicentro de los grandes espectáculos en Chile, la ruta del dinero termina lejos de las pistas, las canchas y los deportistas. La pregunta que hoy instalan dirigentes como Miguel Ángel Mujica y autoridades como Sebastián Sichel es tan simple como incómoda: si el estadio más emblemático del país genera miles de millones cada año, por qué ese dinero no vuelve al deporte que le dio origen.