La ley que puede cambiar el fútbol: manual para entender qué se vota este miércoles

Este miércoles el Congreso no vota un ajuste técnico. Vota una reforma que modifica la arquitectura jurídica del deporte profesional chileno y, en especial, del fútbol. La iniciativa amplía el alcance de la ley vigente desde 2005 y redefine el marco bajo el cual operan clubes y ligas.

El primer cambio es conceptual. El proyecto reemplaza la denominación del Título I por “Del deporte profesional, de las organizaciones deportivas profesionales y su régimen jurídico”. No es sólo un ajuste de redacción. La ley deja de centrarse exclusivamente en las sociedades anónimas deportivas y pasa a ordenar todo el sistema del deporte profesional.

El segundo eje es la obligación de crear Ligas Deportivas Profesionales bajo un régimen societario específico. El nuevo artículo 3° es claro: “Las Ligas Deportivas Profesionales se deberán constituir como sociedades anónimas cerradas o sociedades anónimas especiales”. En la práctica, la organización de los torneos profesionales deberá adoptar una estructura empresarial regulada por ley.

En el caso del fútbol, se fija además un estándar financiero elevado. El texto señala que “Tratándose de la modalidad deportiva de fútbol, el capital social no podrá ser inferior a 10.000 unidades de fomento”. Es un piso económico obligatorio que eleva la vara patrimonial del sistema.

El tercer punto es la fiscalización. Las ligas quedarán sometidas al control de la Comisión para el Mercado Financiero. El proyecto establece que “quedarán sometidas a la fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero en lo que se refiere a las obligaciones de información y publicidad”. Esto implica supervisión directa sobre estados financieros, juntas de accionistas y deberes de transparencia.

Además, la Comisión podrá “requerir al Instituto toda información que tenga en su poder relativa a Organizaciones Deportivas Profesionales (…) accionistas o beneficiarios finales”. En simple, el regulador financiero podrá revisar quiénes están realmente detrás de los clubes.

Otro artículo que genera inquietud es el régimen de responsabilidad en caso de descenso desde la última categoría profesional. El texto dispone que “la Liga Deportiva Profesional será solidariamente responsable de las deudas y obligaciones laborales y previsionales” del club que pierda la categoría. Es decir, si una institución cae y mantiene sueldos o cotizaciones impagas, la liga podría tener que responder.

El proyecto también refuerza el rol de las federaciones nacionales. Se establece que corresponde “exclusivamente a las Federaciones Deportivas Nacionales la responsabilidad de conformar, administrar y gestionar la participación de los seleccionados nacionales”, atribución que es “indelegable”. Se redefine así el equilibrio de poder entre ligas y federaciones.

¿Por qué la ANFP está en alerta? Porque la reforma no sólo endurece la fiscalización. Obliga a rediseñar el modelo institucional del fútbol profesional, impone capital mínimo, abre la estructura societaria al control del regulador financiero, transparenta la propiedad y crea nuevas responsabilidades económicas compartidas.

Desde el Congreso, la reforma se defiende como un avance en transparencia y control en una actividad que mueve recursos millonarios. Desde Quilín, en cambio, se interpreta como una intervención profunda del Estado en el modelo que rige desde 2005.

Eso es lo que se juega este miércoles. No es una votación menor. Es la definición del marco bajo el cual operará el fútbol chileno en los próximos años.