No fue un accidente ni una mala temporada. El descenso de Deportes Melipilla al fútbol amateur en 2025 es el desenlace de una cadena de irregularidades, mala gestión, opacidad financiera y conflictos de interés que se arrastran por más de una década. Desde los dobles contratos de 2021 hasta la falsificación de documentos y la incapacidad de sostener sus propias garantías, la historia del club es la de una institución que se fue vaciando por dentro mucho antes de caer en la tabla.
La caída de Deportes Melipilla al amateurismo no se explica por una campaña deportiva deficiente, sino por un deterioro institucional progresivo que terminó por volver inviable su permanencia en el profesionalismo. En noviembre de 2025, el club fue sancionado con una resta histórica de 36 puntos por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, lo que lo dejó con puntaje negativo y selló su descenso administrativo a la Tercera División A, dependiente de ANFA. Esta sanción no fue un hecho aislado, sino la consecuencia final de una secuencia de incumplimientos que se remontan varios años atrás.
Fundado en 1963 como Soinca Bata, el club nació bajo el alero de la histórica empresa de calzado, lo que le permitió gozar de una estabilidad poco común en el fútbol chileno durante casi tres décadas. Ese equilibrio se rompió en 1991, cuando la compañía retiró su financiamiento tras no lograr el ascenso a Primera División. Desde entonces, la institución quedó expuesta a modelos de gestión precarios, primero como corporación y luego bajo el esquema de las sociedades anónimas deportivas profesionales (SADP).
A partir de 2008, el club entró en una dinámica cíclica de descensos, deudas previsionales, reestructuraciones forzadas y proyectos de corto plazo. La promesa de profesionalización que traía el modelo SADP nunca se consolidó. Por el contrario, se fueron instalando mecanismos de propiedad cruzada y administración opaca que terminaron debilitando su autonomía financiera.
El primer gran quiebre ocurrió en 2021, cuando once clubes denunciaron a Melipilla ante el Tribunal de Disciplina por la existencia de dobles contratos: acuerdos paralelos no declarados que permitían pagar sueldos reales muy superiores a los registrados oficialmente, evadiendo impuestos y cotizaciones. La práctica quedó acreditada, lo que derivó inicialmente en su expulsión del profesionalismo, luego conmutada por un descenso administrativo. Ese episodio no solo destruyó su credibilidad institucional, sino que abrió una herida que nunca volvió a cerrarse.
La figura de Carlos Encinas aparece como eje central en esta etapa. Según diversos informes, Melipilla fue utilizado como una suerte de “pulmón financiero” para otros proyectos ligados a su entorno, particularmente Lautaro de Buin. Bajo este esquema, el club llegó a asumir el costo completo de hasta 16 jugadores que no eran parte de su proyecto deportivo real, pagando más de 30 millones de pesos mensuales en salarios que no podía sostener. Esta descapitalización silenciosa explica por qué, pese a competir en categorías con ingresos televisivos, el club vivía en insolvencia permanente.
En paralelo, Melipilla protagonizaba una paradoja jurídica. En diciembre de 2024, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia condenó a la ANFP a pagarle una indemnización de 23.000 UF, cerca de 900 millones de pesos, por una cuota de incorporación considerada abusiva. Sin embargo, la apelación de la ANFP y la demora en la ejecución del fallo dejaron al club sin liquidez inmediata. En términos prácticos, Melipilla tenía la razón en tribunales, pero estaba quebrado en la realidad cotidiana.
El golpe definitivo llegó tras el campeonato de Segunda División 2024, que Melipilla ganó en cancha. Deportes Concepción denunció que el club había adulterado ideológicamente los formularios F30-1, documentos que certifican el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. La investigación confirmó que existían deudas ocultas con jugadores y cuerpo técnico. La Primera Sala decretó la desafiliación; la Segunda Sala la revirtió parcialmente, pero mantuvo la resta de puntos que le quitó el título y el ascenso.
A partir de ahí, la institución entró en una espiral irreversible. En agosto de 2025 no pudo reponer la garantía de subrogación exigida por las bases de la categoría, lo que activó la sanción automática de tres puntos por cada semana de atraso. Tras doce semanas de incumplimiento, la resta llegó a 36 unidades, dejándolo con -18 puntos y fuera del profesionalismo.
El colapso no fue solo administrativo. En mayo de 2025 se impulsaron campañas ciudadanas para intentar salvar al club, pero los montos recaudados eran insignificantes frente al costo real de operar una institución profesional. En diciembre, el presidente José Castillo renunció, acusando deslealtades internas y una estructura imposible de sostener.
La historia de Melipilla no es una excepción en el fútbol chileno. Comparte rasgos con otros colapsos institucionales como los de Deportes Concepción o Naval: insolvencia crónica, abandono dirigencial y uso de mecanismos financieros irregulares. En ese sentido, su caída expone una falla estructural del modelo de control de las SADP por parte de la ANFP.
Melipilla no murió de golpe. Se fue vaciando lentamente, erosionando su base patrimonial, hipotecando su futuro por resultados inmediatos y normalizando prácticas que tarde o temprano tenían que estallar. El descenso al amateurismo en 2025 no es un castigo aislado: es el cierre lógico de una historia de advertencias ignoradas.
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