El triunfo presidencial de José Antonio Kast abre un nuevo ciclo político en Chile, pero también instala un conjunto de interrogantes en el ámbito deportivo, particularmente en el alto rendimiento. Aunque durante la campaña el ahora Presidente electo presentó el plan “A Mover Chile”, su enfoque estuvo centrado casi exclusivamente en la actividad física como herramienta de salud preventiva y cohesión comunitaria, dejando en un segundo plano —o derechamente fuera— una estrategia concreta para el deporte federado, el alto rendimiento y el desarrollo olímpico.
La omisión no es menor. Chile atraviesa un momento clave en su proyección internacional: Santiago postula formalmente a ser sede de los Juegos Olímpicos de la Juventud 2030 y, en paralelo, explora una candidatura de mayor envergadura para los Juegos Olímpicos de 2036, donde es una de las tres ciudades finalistas, en "Diálogo Dirigido" con el COI. Ambos procesos exigen una política de Estado robusta, con planificación de largo plazo, inversión sostenida en infraestructura, apoyo científico y médico a los atletas, y una institucionalidad fuerte capaz de dialogar con el Comité Olímpico Internacional. Nada de eso aparece delineado con claridad en las propuestas conocidas del nuevo gobierno.
Uno de los principales focos de incertidumbre es el futuro del Ministerio del Deporte y del Instituto Nacional de Deportes. El programa de Kast ha insistido en la subsidiariedad, las alianzas público-privadas y la descentralización de la gestión deportiva hacia municipios, clubes y organizaciones sociales. Sin embargo, no se ha explicitado si el ministerio mantendrá su rol actual como articulador del alto rendimiento, ni si habrá un fortalecimiento —o una reducción— de sus atribuciones y presupuesto. En un escenario extremo, el riesgo percibido en el sector es que el deporte de alto rendimiento quede supeditado a lógicas de eficiencia fiscal y gestión privada, incompatibles con las exigencias del ciclo olímpico.
Tampoco existen definiciones respecto a un plan específico para el olimpismo chileno. No se han anunciado programas de detección temprana de talentos, centros de entrenamiento de alto nivel, ni un incremento estructural del apoyo a federaciones y deportistas que compiten en el circuito internacional. La preocupación se acentúa considerando que el éxito en citas olímpicas no se construye en un período presidencial, sino en procesos de 8 a 12 años, con inversión sostenida y coordinación interinstitucional.
La paradoja es evidente: mientras Chile aspira a convertirse en sede de megaeventos deportivos globales, el discurso presidencial electo ha relegado el alto rendimiento a un rol secundario, privilegiando el deporte como política social antes que como proyecto estratégico de representación internacional. En la práctica, la falta de señales claras amenaza con debilitar el impulso que dejaron los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023, hoy considerados un punto de inflexión para el deporte chileno.
El desafío para el gobierno de José Antonio Kast será despejar rápidamente estas dudas. Definir qué rol cumplirá el Ministerio del Deporte, cómo se financiará el alto rendimiento, y cuál será la estrategia para sostener el crecimiento del olimpismo chileno no es solo una demanda del mundo deportivo, sino una condición básica para que las aspiraciones olímpicas de Santiago 2030 y 2036 no queden reducidas a un gesto político sin sustento estructural. El tiempo, en el calendario olímpico, corre más rápido que en el político.