José Ramón Correa fue citado a declarar como imputado en caso Sartor

José Ramón Correa ya no aparece solamente mencionado de manera tangencial en la investigación del caso Sartor. El vicepresidente de Azul Azul fue citado oficialmente a declarar en calidad de imputado por la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente, en una causa que busca esclarecer el entramado financiero detrás de la toma y posterior reorganización del control accionario de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

La notificación fue enviada el pasado 8 de mayo desde la Fiscalía Metropolitana Oriente y solicita coordinar fecha y disponibilidad para que Correa preste declaración ante el Ministerio Público. En la comunicación, además, se informa a la defensa que puede solicitar acceso a la carpeta investigativa mediante el sistema SIAU, confirmando así que el abogado y accionista de Azul Azul quedó incorporado formalmente dentro de la investigación penal.

La situación toma especial relevancia porque, apenas días antes, Correa había iniciado un contraataque judicial tras el allanamiento realizado el 4 de mayo por la Fiscalía Oriente en oficinas y domicilios vinculados a la causa Sartor. Según reveló Informe Especial de TVN, el dirigente presentó un recurso ante la Corte de Apelaciones de Santiago buscando declarar ilegal la incautación de documentos y aparatos tecnológicos relacionados con Romántico Viajero SpA, la sociedad mediante la cual compró parte importante de las acciones serie B de Azul Azul.

En ese recurso, la defensa sostenía que la resolución emanada desde el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago no individualizaba formalmente a José Ramón Correa como imputado ni tampoco mencionaba a Romántico Viajero SpA dentro de las personas y sociedades respecto de las cuales se habían autorizado medidas intrusivas. Sin embargo, la posterior citación realizada por la Fiscalía Oriente modificó completamente el escenario judicial del vicepresidente azul.

El origen de la investigación está directamente ligado al caso Sartor, una de las mayores crisis recientes del mercado financiero chileno. La indagatoria apunta a eventuales delitos de negociación incompatible, administración desleal, entrega de información falsa al mercado y fraude vinculado a la omisión de una Oferta Pública de Adquisición (OPA), todo ello en el marco de operaciones realizadas por Sartor AGF y sociedades relacionadas con el control accionario de Azul Azul.

Las razones de la citación como imputado

Según la querella, el FIPTS terminó comprando el paquete accionario que pertenecía a Carlos Heller mediante recursos provenientes indirectamente de estructuras financiadas por fondos ligados a Sartor. Posteriormente, en diciembre de 2024, Michael Clark —a través de Inversiones Antumalal Limitada— adquirió el 90% de las cuotas del FIPTS, quedando con el control total del vehículo que mantenía el 63,07% de las acciones serie B de Azul Azul.

Es justamente en la etapa posterior de esa reorganización accionaria donde aparece José Ramón Correa. La querella dedica una sección completa a la compra de acciones realizada por Romántico Viajero SpA, sociedad controlada por el actual vicepresidente de Azul Azul. Según el escrito judicial, el 12 de enero de 2026 la sociedad adquirió 9.580.891 acciones serie B mediante remate público en la Bolsa de Comercio de Santiago, además de otras 19.197 acciones compradas posteriormente en bolsa, alcanzando un total de 9.600.088 papeles de la concesionaria.

El punto más delicado del documento es que TOESCA sostiene expresamente que “no existen antecedentes del origen y la trazabilidad de los fondos empleados por Romántico Viajero SpA” para concretar esa adquisición. La querella agrega que será materia de investigación determinar si dichos recursos provenían “de los aportantes de los fondos Sartor, o bien, de alguna actividad irregular de los representantes o ejecutivos del Grupo Sartor, o de sociedades relacionadas con estos”.

La querella también solicita oficios a la Bolsa de Comercio de Santiago para obtener todos los antecedentes relacionados con el remate mediante el cual Romántico Viajero adquirió las acciones, incluyendo identificación de corredores, fechas y precios de las operaciones.

Todo esto ocurre mientras el Ministerio Público profundiza las diligencias vinculadas al caso Sartor, investigación que ya derivó en allanamientos, incautaciones de dispositivos electrónicos y recopilación de documentación relacionada con Michael Clark, sociedades ligadas al grupo Sartor y estructuras financieras utilizadas para el control de Azul Azul.

En paralelo, TOESCA sostiene en su querella que las operaciones investigadas no fueron hechos aislados, sino parte de un esquema prolongado en el tiempo destinado a financiar y mantener el control accionario de Azul Azul mediante estructuras relacionadas entre sí. El documento incluso afirma que el daño patrimonial asociado al entramado supera los $40 mil millones y que parte importante de las operaciones continuaron realizándose incluso después de la entrada en vigencia de la Ley de Delitos Económicos.