Javier Gasman: un destructor del fútbol chileno

El escándalo por los derechos de formación, denunciado públicamente por Juan Cristóbal Guarello como una forma de usura institucionalizada, no es un episodio aislado ni un exceso administrativo. Es la consecuencia visible de un modelo jurídico que convirtió la regulación en negocio y la letra chica en arma. En ese modelo, un nombre se repite con una regularidad inquietante: Javier Gasman.

Gasman no es un dirigente ni un agente, pero su influencia es transversal. Su trayectoria se inicia en el corazón del sistema, como abogado de la ANFP, donde conoció desde dentro los reglamentos, los vacíos normativos y, sobre todo, la forma en que se construyen mayorías y se administran conflictos. Ese paso no fue un antecedente más: fue la base de un poder posterior que se ejercería desde el sector privado, con ventaja comparativa sobre cualquier otro estudio jurídico del medio.

Luego vino su consolidación en clubes grandes, particularmente en Cruzados, y más tarde la fundación de Gasman & Cía. Desde ahí, su firma pasó a asesorar simultáneamente a múltiples equipos de Primera División y ascenso. La simultaneidad no es un detalle menor: es el eje del problema. Gasman comenzó a representar intereses cruzados en un campeonato donde los clubes compiten entre sí, pero comparten abogados, criterios legales y, muchas veces, estrategias judiciales. Cuando estallan los conflictos —descensos, denuncias, desacatos— su nombre aparece defendiendo a uno y obligándose a inhabilitarse con otro. No por casualidad, sino por diseño.

El caso de los derechos de formación expone ese diseño con crudeza. Los cobros desproporcionados que hoy ahogan a clubes chicos y bloquean carreras de futbolistas jóvenes no nacen solos: requieren interpretación normativa, validación reglamentaria y defensa jurídica. El “cobrador” no es quien emite la factura, sino quien legitima el sistema que permite cobrar. Y ese sistema ha sido blindado durante años por abogados que conocen la ANFP mejor que nadie.

La otra arista es aún más delicada. Desde 2017, Gasman ejerce como Head of Legal de 1190 Sports, empresa encargada de la comercialización de los derechos de la selección chilena. Es decir, el mismo abogado que asesora a clubes —socios de la ANFP— es quien protege jurídicamente a la compañía que explota el activo comercial más valioso del fútbol nacional: La Roja. Una dualidad que, en cualquier industria regulada, encendería todas las alarmas por conflicto de interés. En el fútbol chileno, en cambio, se normalizó.

A nivel internacional, Gasman expandió su radio de acción mediante su alianza con Carlezzo Advogados, estudio brasileño especializado en litigios ante FIFA y el TAS. Esa sociedad le permitió a clubes chilenos —principalmente los que él mismo asesora— acceder a una capacidad de judicialización que otros no tienen. El resultado es una justicia deportiva asimétrica, donde algunos equipos pueden escalar conflictos a Suiza y otros apenas logran presentar un escrito.

Pero el vínculo más persistente, y el más sensible, es el que lo conecta con Vibra Fútbol, la oficina de Fernando Felicevich. Reportajes, filtraciones judiciales y causas laborales han mostrado cómo Gasman aparece asesorando clubes donde Vibra tiene influencia deportiva, comercial o de mercado de pases. En la práctica, el abogado se transforma en el engranaje legal que permite que jugadores, contratos, patrocinadores y decisiones corporativas circulen dentro de un mismo circuito, con mínima fricción y máxima opacidad.

Así, el mapa se completa: derechos de formación usados como barrera económica; clubes pequeños obligados a pagar o desaparecer; jugadores jóvenes atrapados; una selección cuyos derechos comerciales son administrados por una empresa vinculada al mismo abogado que asesora a los clubes; y una agencia de representación omnipresente que encuentra en ese entramado jurídico el soporte perfecto para operar.

Javier Gasman no inventó el sistema, pero lo perfeccionó. No aparece en las fotos de los campeones ni en los directorios públicos, pero su firma está en los contratos que deciden quién juega, quién desciende, quién cobra y quién queda fuera del fútbol. En un campeonato donde la cancha ya no es el único lugar donde se compite, Gasman se convirtió en una figura central del poder real: el cobrador legal de un modelo que, mientras no sea reformado, seguirá funcionando como una máquina de usura con respaldo reglamentario.