Hasta 10 años de cárcel: los detalles y penas que arriesga Michael Clark tras la querella por estafa

Michael Clark enfrenta el momento más delicado de su trayectoria fuera del fútbol. El actual mandamás de Azul Azul figura como uno de los siete imputados en la querella criminal que destapa el funcionamiento interno de Sartor AGF, una administradora de fondos que, de acuerdo al documento al que tuvo acceso La Hora de King Kong, operó bajo un esquema que combina captación engañosa, conflictos de interés y uso indebido de recursos. La acción judicial se sustenta en el caso de Paula Hamuy Wackenhut, abogada de 70 años que invirtió $390 millones —prácticamente la totalidad de sus ahorros— y que hoy mantiene cerca de $200 millones sin recuperar, en medio de un proceso de liquidación que podría implicar pérdidas de hasta un 85% del capital .

El origen de todo se remonta a mediados de 2024, cuando Hamuy comenzó a ser contactada de forma insistente por un ejecutivo de Sartor, quien además tenía vínculos personales con su entorno familiar, lo que generó una base de confianza determinante. La propuesta era clara: trasladar sus fondos desde una institución tradicional hacia Sartor, donde —según se le aseguró— obtendría una rentabilidad cercana al 10% anual, respaldada por una estructura sólida, con activos millonarios bajo administración y participación en negocios relevantes. La puesta en escena era consistente con ese relato: oficinas de alto estándar, ejecutivos con trayectoria y una imagen corporativa diseñada para transmitir seguridad. Sin embargo, lo que la querella establece como elemento clave es que en ese mismo período la Comisión para el Mercado Financiero ya había detectado irregularidades en los fondos, situación que no fue informada a la inversionista .

Con ese contexto, el 23 de julio de 2024 se concretó el contrato y, en septiembre de ese mismo año, Hamuy invirtió la totalidad de su patrimonio en tres instrumentos específicos: el fondo Sartor Leasing A, el fondo Sartor Proyección A y un fondo de bonos corporativos de BTG Pactual. La distribución fue precisa: un 25% en cada uno de los dos primeros y un 50% en el tercero, completando así los $390 millones que terminarían atrapados en la estructura . Ese movimiento marca el punto exacto en que, según la querella, el dinero pasa a integrarse a un circuito distinto al que se le había prometido.

El documento detalla que el esquema funcionaba en varias capas. La primera era la captación, donde se construía un relato de seguridad y rentabilidad para atraer capital. La segunda era la asignación de los recursos, que en apariencia se ajustaba a los reglamentos de los fondos, pero que en la práctica derivaba en operaciones con sociedades vinculadas a los propios directores. Aquí aparece uno de los elementos más sensibles del caso: el dinero de los inversionistas era canalizado hacia empresas relacionadas con el núcleo controlador de Sartor, generando un conflicto de interés estructural. Entre estas sociedades se identifican Danke SF SpA, E Capital y Redwood Capital SpA, esta última con participación de Michael Clark, lo que lo conecta directamente con el circuito de financiamiento cuestionado .

La tercera capa del esquema, siempre según la querella, es la que termina por configurar el corazón de la supuesta estafa: el deterioro oculto de los activos. Auditorías posteriores realizadas por PwC y Deloitte detectaron que gran parte de las inversiones carecía de garantías reales o estas eran insuficientes para respaldar los montos comprometidos. En algunos casos, derechamente no existía un valor identificable que sustentara los activos. El resultado fue un deterioro que fluctuaba entre el 47% y el 85% del valor de las carteras, una cifra que contrasta radicalmente con la imagen de estabilidad que se proyectaba hacia los inversionistas .

A pesar de ese escenario, los estados financieros de los fondos no reflejaban la situación real. La querella sostiene que se continuó presentando información que mostraba activos sanos, ocultando que varias de las sociedades relacionadas llevaban años sin pagar capital ni intereses. Esta etapa es clave, porque es la que habría impedido a los inversionistas tomar decisiones oportunas, manteniéndolos dentro de un sistema que ya estaba deteriorado desde su base .

El colapso se desencadena en noviembre de 2024, cuando la CMF decide suspender los aportes a los fondos y, días después, se producen las primeras solicitudes de rescate por parte de Hamuy. Mientras logra recuperar cerca de $200 millones desde el fondo de BTG Pactual, los recursos invertidos en Sartor Leasing y Sartor Proyección quedan bloqueados. El 6 de diciembre de ese año se suspenden definitivamente los rescates y, el 20 de diciembre, se revoca la existencia de Sartor AGF, cesando su directorio y su administración. A partir de ese momento, se inicia un proceso de liquidación que hasta hoy mantiene en la incertidumbre a los inversionistas afectados .

En este entramado, la posición de Michael Clark no es secundaria. Su rol como director de Sartor AGF lo sitúa dentro del grupo que aprobaba las decisiones de inversión, mientras que su vínculo con Redwood Capital lo conecta con una de las sociedades que habrían recibido financiamiento desde los fondos. Esa doble condición —decisor y potencial beneficiario— es la que la querella utiliza para sustentar las imputaciones en su contra, en un caso que no apunta a un error puntual, sino a un modelo de funcionamiento completo.

Las consecuencias penales que enfrenta son de alta gravedad. El delito de estafa, por el monto involucrado, contempla penas que van desde los 3 años y un día hasta los 5 años de cárcel, además de multas. Sin embargo, el escenario más complejo se da en la figura de administración desleal, que en el caso de sociedades fiscalizadas puede alcanzar penas de hasta 10 años de cárcel, junto con inhabilitación para ejercer cargos y sanciones económicas que podrían escalar a cifras millonarias. A esto se suman delitos como negociación incompatible, que sanciona el uso del cargo para beneficio propio; entrega de información falsa, por la aprobación de estados financieros que no reflejan la realidad; y uso indebido de valores, por destinar el dinero a fines distintos a los informados a los inversionistas .

El contexto en el que se desarrolla la querella agrava aún más el escenario. No se trata de un caso aislado, sino de una causa que agrupa a múltiples víctimas y que ya ha generado sanciones de la CMF, la liquidación judicial de la administradora y nuevas acciones legales por parte del liquidador. Todo esto configura uno de los escándalos financieros más relevantes de los últimos años en Chile, con implicancias que trascienden lo económico y alcanzan directamente la esfera pública.

En ese escenario, la figura de Michael Clark queda expuesta, nuevamente. Por un lado, enfrenta una investigación penal que podría derivar en sanciones severas si se acreditan los delitos imputados, sumando escándalos personales. Por otro, su rol como presidente de Azul Azul parece empezar a llegar a su fin, algo que se podría definir el próximo 28 de abril en la junta de accionistas ordinaria de la consecionaria. La querella no solo describe un mecanismo financiero complejo, sino que también abre un flanco que puede redefinir su posición en el fútbol chileno, en medio de un proceso que recién comienza, pero que ya lo tiene contra las cuerdas.