Min. Público pide a la PDI interrogar a la ANFP por caso Sartor

La investigación que involucra al grupo Sartor continúa avanzando y ahora sumó una diligencia que golpea directamente a Universidad de Chile. A través de una instrucción enviada a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos Metropolitana, la Fiscalía ordenó requerir una amplia serie de antecedentes a la ANFP para reconstruir la relación financiera que durante los últimos años ha existido entre el organismo rector del fútbol chileno, Azul Azul y sociedades vinculadas a Sartor.

El documento, firmado por el fiscal adjunto Juan Pablo Araya, deja en evidencia que los investigadores buscan seguir la ruta completa de los recursos económicos asociados a la concesionaria azul. No se trata únicamente de determinar cuánto dinero recibió Universidad de Chile, sino también de establecer quién terminó cobrando esos recursos, bajo qué mecanismos jurídicos se realizaron eventuales cesiones y qué documentación respaldó dichas operaciones.

Uno de los primeros requerimientos apunta directamente a los ingresos que Azul Azul debía percibir desde 2019 a la fecha. La Fiscalía solicitó que la ANFP informe todos los fondos, rentas, pagos o derechos económicos que correspondían a la concesionaria, detallando los montos involucrados, los conceptos por los cuales fueron generados y la periodicidad con que fueron pagados.

Se trata de una diligencia particularmente relevante porque permite reconstruir la totalidad de los flujos financieros asociados a la participación de Universidad de Chile en el fútbol profesional durante los últimos años. Derechos de televisión, premios deportivos, aportes comerciales y cualquier otro ingreso gestionado por la ANFP podrían formar parte de la información requerida por los investigadores.

Sin embargo, el aspecto más sensible del oficio aparece en los siguientes puntos de la instrucción. La Fiscalía pidió establecer si la ANFP fue notificada de prendas comerciales o mandatos irrevocables de cobro relacionados con Azul Azul. En términos simples, los investigadores buscan determinar si la concesionaria comprometió ingresos futuros mediante mecanismos financieros que permitieran a terceros cobrar recursos que originalmente pertenecían a Universidad de Chile.

Por esa razón se solicitó la entrega de todas las comunicaciones enviadas por Azul Azul a la ANFP, además de cualquier documento o antecedente que permita acreditar la existencia de esas operaciones. El objetivo es reconstruir cronológicamente cuándo fueron informadas, quiénes participaron y cuáles fueron los efectos prácticos que produjeron.

La investigación avanza todavía más al poner expresamente bajo la lupa a sociedades vinculadas a Sartor. El oficio instruye a la PDI requerir información para determinar si Inmobiliaria Macul Sartor SpA, Asesorías e Inversiones Sartor S.A. o cualquier otra persona natural o jurídica recibió pagos o fue beneficiaria de derechos económicos que originalmente correspondían a Azul Azul.

Ese punto constituye probablemente uno de los elementos más relevantes de toda la diligencia. La Fiscalía no solo busca identificar si existieron cesiones de derechos económicos, sino también determinar quiénes fueron los beneficiarios efectivos de esos recursos y cuál fue la participación de sociedades relacionadas con Sartor en dichas operaciones.

La instrucción además exige conocer los fundamentos que respaldaron eventuales cesiones de derechos económicos. En concreto, los investigadores solicitaron todos los antecedentes que permitan explicar por qué recursos pertenecientes a Azul Azul pudieron terminar siendo cobrados por terceros. La intención es establecer el origen de esas operaciones, los contratos involucrados y la documentación que les dio sustento jurídico.

Para ello la ANFP deberá entregar un detalle exhaustivo de las fechas de pago, montos transferidos, cuentas bancarias receptoras, correos electrónicos, comunicaciones formales y cualquier otro antecedente físico o digital relacionado con modificaciones de beneficiarios respecto de recursos asociados a la concesionaria universitaria.

El nivel de detalle exigido por la Fiscalía demuestra que la indagatoria ya no se limita a aspectos societarios o administrativos. El foco está puesto directamente sobre el movimiento del dinero y sobre la identificación de los destinatarios finales de recursos que en principio correspondían a Azul Azul.

La diligencia adquiere especial relevancia porque se produce en medio de las múltiples aristas que han surgido tras el colapso del grupo Sartor y las investigaciones que buscan determinar eventuales responsabilidades de distintos actores relacionados con la administración de fondos y sociedades vinculadas al conglomerado financiero.

En la práctica, la Fiscalía está intentando reconstruir más de siete años de relaciones financieras entre Azul Azul y la ANFP. Para ello ordenó revisar pagos, cesiones, mandatos de cobro, prendas comerciales, beneficiarios finales y toda la documentación que permita seguir la trazabilidad de recursos asociados a la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

El oficio establece además que, en caso de no obtener la información requerida, deberá dejarse constancia formal de ello, advirtiendo expresamente la posibilidad de solicitar medidas judiciales para obtener los antecedentes o aplicar los apremios contemplados por la legislación procesal vigente.

La señal es clara: la investigación sigue escalando y ahora busca determinar si parte de los recursos que correspondían a Azul Azul terminaron siendo percibidos por sociedades vinculadas a Sartor, una pregunta que podría transformarse en una de las aristas más sensibles de todo el caso.