Tal como adelantó La Hora de King Kong en sus reportajes sobre los vínculos entre la concesionaria y Huachipato, una nueva querella criminal presentada por accionistas minoritarios de Azul Azul incorporó operaciones de fichajes y pagos realizados por la U como posibles antecedentes de administración desleal.
Este miércoles una nueva acción judicial sacudió a Universidad de Chile. Esta vez, con la política de fichajes de Azul Azul y su estrecha relación con Huachipato como punto central de la trifulca jurídica. El documento, presentado por accionistas minoritarios de la concesionaria ante el 4° Juzgado de Garantía de Santiago, no solo apunta contra Michael Clark por eventuales delitos ligados a la toma de control de Azul Azul y el caso Sartor, sino que también instala bajo sospecha varias operaciones deportivas realizadas durante su administración.
Tal como había venido revelando La Hora de King Kong en distintos reportajes, la querella profundiza en los vínculos entre Azul Azul, Huachipato, Victoriano Cerda y las múltiples operaciones realizadas entre ambos clubes en los últimos años. De hecho, el escrito sostiene que durante la gestión de Clark se pagaron cerca de USD 5 millones al cuadro acerero entre compras y arriendos de jugadores, cuestionando que dichas operaciones terminaron beneficiando económicamente a Huachipato mientras la U no logró recuperar esas inversiones.
Uno de los casos apuntados directamente en la querella es el de Ignacio Tapia. Según el documento, Azul Azul terminó comprando el 50% del pase del defensor por USD 850 mil, pese a que anteriormente había sido ofrecido por USD 450 mil. El texto incluso incorpora declaraciones públicas de Rodrigo Goldberg, quien acusó derechamente sobreprecio en la operación.
“Compraron jugadores con sobreprecio, de eso no tengo la menor duda”, cita la querella. Luego agrega otra frase aún más dura: “Nos ofrecieron el 50% del pase de Ignacio Tapia a 450 mil dólares y la U lo termina comprando en 850 mil dólares. En un año, el jugador subió 400 mil dólares siendo que descendió en cancha”.
La acción judicial también pone bajo cuestionamiento el arribo de Gustavo Álvarez a Universidad de Chile. Según el escrito, Huachipato renovó el contrato del entrenador argentino pocos meses antes de su salida e incorporó una cláusula de rescisión de USD 800 mil cuando ya existían rumores sobre su llegada al CDA. Posteriormente, Azul Azul terminó pagando esa cifra para contratarlo.
La querella recalca que habría sido “la primera vez en la historia del fútbol chileno” que un club nacional pagó una cláusula de salida para contratar a un entrenador del medio local, apuntando nuevamente a un beneficio económico para Huachipato.
En ese contexto, los querellantes sostienen que estas operaciones podrían configurar administración desleal, acusando que Michael Clark habría perjudicado patrimonialmente a Azul Azul mediante decisiones “manifiestamente contrarias” al interés de la sociedad. Incluso calculan inicialmente un perjuicio de al menos USD 1,65 millones considerando solamente los casos de Ignacio Tapia y Gustavo Álvarez.
Universidad de ChileEl liquidador de la matriz del grupo Sartor escogió al banco de inversión y a la corredora que estarán a cargo de la enajenación del 63,07% de la concesionaria de Universidad de Chile. La operación deberá contemplar una OPA.
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