Los detalles de la agónica defensa de Michael Clark en la Corte de Apelaciones

La defensa judicial de Michael Clark contra la sanción aplicada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) incorporó un elemento clave que cruza de lleno el ámbito financiero con el fútbol profesional. En el reclamo de ilegalidad presentado ante la Corte de Apelaciones de Santiago, el presidente de Azul Azul sostiene que la multa de 65.000 Unidades de Fomento y la inhabilidad por cinco años no solo constituyen un castigo desmedido, sino que buscan directamente forzar su salida de la concesionaria que administra a Universidad de Chile.

El escrito es explícito en ese punto. La defensa advierte que la sanción accesoria impuesta por la CMF “pretende que mi representado solvente una carga pecuniaria extrema mientras se le arrebata su principal fuente de sustento al forzar su salida de la presidencia de Azul Azul S.A.”, dejando en evidencia que la inhabilidad no es un efecto colateral, sino una consecuencia directa y deliberada del castigo aplicado.

En esa misma línea, el reclamo subraya que la autoridad sancionó a Clark de manera contradictoria: “al decretar una multa millonaria en conjunto con la inhabilidad para ejercer cargos de director o ejecutivo principal, se castiga pecuniariamente a un sujeto a quien, simultáneamente, se le priva de los medios económicos para satisfacer dicha obligación”. Según la defensa, esto coloca a Clark en un escenario de inviabilidad financiera absoluta, ya que se le exige pagar una de las multas más altas del sistema mientras se le impide ejercer su actividad profesional.

El texto va más allá y describe el impacto personal y profesional de la sanción, señalando que la inhabilidad “representa el desmantelamiento de su carrera profesional”, al afectar a un ejecutivo cuya labor —según el propio escrito— “consiste precisamente en ocupar puestos en directorios o de alta gerencia”. La defensa incluso califica de irreal el escenario planteado por la CMF, afirmando que “resulta inverosímil pretender que un administrado privado de sus ingresos habituales pueda cumplir con el pago de UF 65.000, situando al Sr. Clark en un estado de absoluta insolvencia”.

Otro eje relevante del reclamo apunta a los ingresos y a la proporcionalidad del castigo en relación con la realidad económica del sancionado. La defensa sostiene que la CMF no consideró que la presidencia de Azul Azul constituye “su fuente primordial de ingresos”, pese a que se trata de un hecho “de pública notoriedad”. En ese contexto, se acusa que la autoridad aplicó una sanción que ignora completamente la capacidad real de pago del afectado.

El documento también enfatiza la desproporción comparativa de la multa. Según el escrito, a Clark se le impuso un castigo “16 veces superior” al aplicado a directores de otros casos relevantes del mercado, pese a que su participación en las operaciones cuestionadas fue marginal y “sin obtener beneficio económico alguno”. Para la defensa, este punto refuerza la tesis de un “sesgo sancionatorio” en su contra.

Con estos antecedentes, Michael Clark solicita a la Corte de Apelaciones que declare ilegales las resoluciones de la CMF y deje sin efecto tanto la multa como la inhabilidad. En subsidio, pide que se rebaje la sanción y se elimine la medida accesoria, argumentando que vulnera el principio de proporcionalidad y que, en los hechos, “lo expulsa del sistema” al quitarle su cargo, su sueldo y la posibilidad material de cumplir con la sanción económica impuesta.