La llegada de Cecilia Pérez a la nueva estructura del fútbol chileno no es un movimiento neutro ni meramente administrativo. Su nombre, ya confirmado como parte de la representación ante la Federación de Fútbol de Chile, se instala además como una eventual carta para liderar el organismo en el futuro. Sin embargo, su irrupción en este nuevo escenario revive uno de los episodios más tensos entre Chile y la CONMEBOL, marcado por la fallida organización de la final de la Copa Libertadores 2019 Final y un cruce directo con su presidente, Alejandro Domínguez, que dejó una huella profunda en la relación institucional.
En 2018, Santiago fue confirmada como sede de la primera final única de la Copa Libertadores, un hito que buscaba posicionar a Chile como anfitrión de eventos deportivos de escala continental. El Estadio Nacional fue definido como escenario para el duelo del 23 de noviembre de 2019, en una organización que avanzaba según lo previsto durante meses. Sin embargo, el estallido social iniciado el 18 de octubre alteró completamente el panorama. La crisis política y social, con manifestaciones masivas, episodios de violencia y un despliegue de seguridad exigido al máximo, puso en duda la viabilidad de sostener un evento de esa magnitud.
En ese contexto, el gobierno chileno, con Cecilia Pérez como ministra del Deporte, debió enfrentar una presión creciente respecto a la realización del partido. Aunque en un inicio se buscó mantener la sede, la evolución del conflicto interno terminó por hacer inviable garantizar condiciones de seguridad para delegaciones, hinchas y la propia organización. La Conmebol, en consecuencia, resolvió retirar la final de Santiago el 5 de noviembre de 2019, argumentando razones de fuerza mayor vinculadas al orden público, y trasladó el partido a Lima, donde finalmente se disputó el encuentro entre River Plate y Flamengo.
La decisión significó un golpe de gran envergadura para Chile, no solo en lo deportivo, sino también en términos de imagen internacional y planificación. Pero el verdadero quiebre político se produjo en los días posteriores, cuando Alejandro Domínguez se refirió públicamente al cambio de sede. “Avanzamos en 11 días lo que nos había costado más de 11 meses”, señaló, en alusión a la rapidez con que se resolvió la organización en Perú. La frase no se detuvo ahí: “Creo que todo estaba dicho como que Lima era la ciudad donde tendríamos que haber venido desde el principio”, agregó, instalando la idea de que la elección original de Santiago había sido, en retrospectiva, un error.
Las declaraciones fueron interpretadas en Chile como un ninguneo a las gestiones realizadas durante más de un año y, sobre todo, como una falta de consideración frente a la compleja situación que atravesaba el país. En medio de ese escenario, Cecilia Pérez endureció su postura frente a la Conmebol y comenzó a marcar una distancia política que rápidamente escaló en tono. A esa tensión se sumó una polémica adicional relacionada con las exigencias del organismo sudamericano en torno a condiciones logísticas y beneficios para sus autoridades, incluyendo la realización de actividades paralelas financiadas con recursos públicos.
Entre esas exigencias se encontraba la organización de un evento en el Castillo Hidalgo, avaluado en cerca de 40 millones de pesos, destinado a los altos mandos de la Conmebol. La reacción de la entonces ministra fue categórica: el Estado chileno no estaba dispuesto a destinar recursos a ese tipo de actividades en medio de una crisis social de alta intensidad. La negativa no solo implicó rechazar un gasto específico, sino que estableció un límite político claro respecto al rol del Estado frente a las demandas del organismo rector del fútbol sudamericano.
El conflicto terminó por consolidar un quiebre entre Chile y la Conmebol en un momento especialmente delicado. Desde la perspectiva del organismo, la situación chilena evidenciaba la imposibilidad de cumplir con las garantías necesarias para un evento de esa magnitud. Desde el lado local, en cambio, se instaló la idea de que, además de la contingencia interna, existía una desconexión con las exigencias y formas de la dirigencia sudamericana. El resultado fue una relación tensionada, marcada por la desconfianza y por un episodio que quedó grabado como uno de los más complejos en la historia reciente del vínculo entre ambas partes.
Seis años después, ese pasado vuelve a cobrar relevancia. La designación de Cecilia Pérez como parte de la estructura de la Federación de Fútbol de Chile se da en un contexto de transformación institucional, impulsado por la separación entre la ANFP y la Federación tras la reforma a las sociedades anónimas deportivas. En ese nuevo esquema, la Federación asumirá un rol clave en la relación con organismos internacionales como la Conmebol, lo que obliga a recomponer vínculos y establecer nuevas dinámicas de trabajo.
En paralelo, el nombre de Pérez comienza a proyectarse más allá de su rol actual. En distintos sectores del fútbol chileno se interpreta su llegada como el inicio de un camino que podría llevarla a disputar la presidencia de la Federación en el mediano plazo. Su experiencia política, su conocimiento del aparato estatal y su exposición mediática la posicionan como una figura con capacidad de incidencia real en la toma de decisiones.
Ese escenario, sin embargo, abre una interrogante de fondo. En caso de consolidar ese liderazgo, Cecilia Pérez deberá interactuar directamente con la Conmebol y con Alejandro Domínguez en instancias donde se definen aspectos estratégicos del fútbol sudamericano. La historia reciente entre ambas partes, marcada por la final de 2019, las declaraciones cruzadas y el conflicto por las exigencias económicas, configura un antecedente que no puede ser ignorado.
El fútbol chileno entra en una nueva etapa institucional, pero lo hace arrastrando tensiones no resueltas. La figura de Cecilia Pérez emerge con fuerza en ese proceso, combinando proyección política y protagonismo deportivo. Sin embargo, su historia con la Conmebol recuerda que su llegada al poder no parte desde cero, sino desde un conflicto que, en el tablero sudamericano, todavía mantiene vigencia.