El abogado del sistema: Javier Gasman asfixia al fútbol chileno

El caso de Thomas Montenegro no solo dejó al descubierto el impacto económico que pueden tener los derechos de formación sobre clubes pequeños. También expuso algo más profundo: la repetición sistemática de los mismos actores jurídicos en cada conflicto relevante del fútbol chileno. Y en el centro de esa estructura vuelve a aparecer Javier Gasman.

La sentencia del Tribunal Patrimonial de la ANFP contra Real San Joaquín generó impacto por sus cifras y condiciones. El club de Segunda Profesional fue condenado a pagar cerca de 70 millones de pesos a Cobresal por los derechos de formación del lateral derecho Thomas Montenegro, futbolista que jugó apenas durante 2023 y que posteriormente dejó el fútbol para trabajar en la construcción. Pero la resolución fue todavía más allá: obligó al club a recibir jugadores cedidos por Cobresal mientras existiera deuda vigente y estableció multas equivalentes al 20% del total adeudado en caso de incumplimiento.

El caso ya era polémico por sí solo, pero el antecedente previo terminó de instalar la sensación de abuso estructural. En 2025, Colo Colo ya había cobrado cerca de 36 mil dólares por el mismo jugador debido a su paso por divisiones menores. Otra vez, Javier Gasman aparecía representando jurídicamente a uno de los clubes beneficiados por el sistema. El resultado final es brutal: más de 110 mil dólares en cobros asociados a un futbolista cuyo valor de mercado jamás se acercó a esas cifras y que incluso terminó abandonando el profesionalismo.

El patrón comienza a repetirse. Derechos de formación, litigios patrimoniales, denuncias reglamentarias y conflictos disciplinarios terminan orbitando alrededor de los mismos nombres, los mismos estudios jurídicos y las mismas redes de influencia. Por eso el caso Montenegro dejó de ser interpretado como una simple disputa contractual para transformarse en símbolo de un modelo que muchos ya califican derechamente como extractivo.

La otra señal apareció en el conflicto entre Unión La Calera, Everton y Cobresal por la supuesta alineación irregular de seis extranjeros. El dueño del club cementero, Sebastián Pini, acusó filtraciones desde el Tribunal de Disciplina luego de detectar que Everton y Cobresal habrían trabajado escritos judiciales antes incluso de recibir formalmente las notificaciones del tribunal. La denuncia escaló rápidamente por el nivel de gravedad: Pini apuntó a una eventual pérdida de imparcialidad dentro del proceso y anunció que podría recurrir incluso al TAS.

Nuevamente, Javier Gasman apareció en el centro del conflicto. Esta vez como abogado de Cobresal y de múltiples clubes del fútbol chileno. El jurista respondió mediante un correo rechazando cualquier insinuación de filtración o parcialidad, asegurando que jamás tuvo acceso previo a los documentos cuestionados. Sin embargo, el episodio volvió a abrir el debate sobre la concentración de poder jurídico dentro del fútbol chileno y la influencia transversal que ciertos estudios ejercen sobre tribunales, reglamentos y disputas deportivas.

La acumulación de episodios ya no parece casual. El mismo abogado que aparece en litigios por derechos de formación también interviene en conflictos disciplinarios, asesora simultáneamente a clubes que compiten entre sí y mantiene vínculos con estructuras comerciales clave del fútbol chileno. Todo eso mientras ejerce como Head of Legal de 1190 Sports, empresa encargada de comercializar los derechos de la selección chilena.

El resultado es una estructura donde los límites entre representación, regulación y negocio comienzan a desdibujarse. Clubes pequeños endeudados, futbolistas atrapados por cobros imposibles, tribunales cuestionados y conflictos de interés naturalizados forman parte de una misma lógica que hoy enfrenta crecientes críticas públicas.

Porque detrás de cada expediente, cada denuncia y cada sanción, el nombre de Javier Gasman vuelve a aparecer. Y eso, para muchos dentro del fútbol chileno, dejó hace tiempo de ser coincidencia.